A dos meses del primero de octubre, ya está claro que no se celebrará ningún referéndum. El simple anuncio del mismo, que aún no ha sido convocado en forma, ha propiciado una verdadera cascada de dimisiones en el Gobierno de la Generalitat, provocando la más importante y escandalosa crisis gubernamental desde que Cataluña recuperó su autogobierno. Un autogobierno traído por el Rey y el presidente Suárez desde antes de que pudiéramos convertirnos en un Estado de derecho y que propició el añorado president Tarradellas, verdadero hombre de Estado, fiel y leal a Cataluña y a la legalidad rota durante la guerra civil.

La denominada «astucia» política, el secretismo y la ocultación al Parlament -es decir, a todos nosotros- de las leyes que hipotéticamente deben aprobarse mediante la aberración jurídica de la lectura única, difícilmente la sociedad catalana lo puede tolerar. La utilización de los fondos públicos de los que dispone la Generalitat fruto de los impuestos de los ciudadanos para contravenir la ley es un fraude y un delito.

El gran jurista catalán del siglo XV Narcís de Sant Dionís dijo a propósito de cómo debía comportarse el príncipe : «Princeps debet habere omni tempore perfectam et veram locutionem ut quaelibet se possit fidere in eo (el príncipe debe tener en todo momento perfecta y clara palabra, para que pueda ser creíble).

Qué astucia, qué leyes, qué pregunta, qué censo, qué urnas; quién garantizará la imparcialidad gubernamental, desde ya parcial; qué legalidad y, sobre todo, con qué legitimidad. Nadie con dos dedos de razón y de conocimiento jurídico puede, en estas condiciones, convocar seriamente ese pretendido referéndum. Hora es de abandonar ese camino.

Y momento es, también, de que el Gobierno central reconozca los muchos errores cometidos, de los que son responsables los partidos turnantes en el poder respecto al trato dado a Catalunya, a su inalienable derecho reconocido en la Constitución, cuya lectura a la luz de su extraordinario Preámbulo no deja lugar a dudas: «(…) Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones».

Así pues, la nacionalidad catalana no nace de la Constitución, como muchos pretenden ignorando nuestra historia, sino que está protegida y amparada en la Constitución porque existe. Ya en la Constitución de 1812, a la que Cataluña tanto aportó, el concepto de las Españas recogía la suma de nuestras diversidades y la grandeza de nuestra patria común.

Ese es el único camino que nos permitirá continuar todos juntos. No solo en Ultramar, como en aquella Constitución se decía, sino también en Europa, patria natural y común de todos los que vivimos en su pequeño pero inmenso territorio de historia y cultura a la que ya, jurídica y políticamente, estamos subordinados para crear un espacio común de progreso y bienestar social.