El obligado liderazgo de la política

No soy sospechoso de ambigüedad respecto al independentismo catalán: he expresado públicamente que el nacionalismo me parece la ideología más reaccionaria de todas las existentes, y que las prácticas con las que los líderes independentistas han intentado desconectar del Estado español no son muy diferentes, en esencia, del peor totalitarismo que la historia ha conocido. Estoy, desde una ideología claramente de izquierdas, totalmente a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución; de hecho, creo que se aplicó demasiado tarde.

Pero como este no es un artículo sobre Cataluña, lo que quiero decir es que todo eso no me impide observar que el Poder Judicial está explorando las fronteras de lo posible, en lo que tiene que ver con su papel en la sociedad. Podría poner muchos ejemplos, pero pondré solo dos que me parecen clarísimos, y muy preocupantes.

Uno ocurrió el pasado 2 de febrero, entre las páginas 12 y 13 del auto del juez Pablo Llarena Conde, dentro de la Causa Especial abierta en el Tribunal Supremo, en lo que tiene que ver con los delitos del independentismo catalán y, en este caso concreto, de Joaquim Forn. Decía así Llarena: «El investigado, en expresión de su legítima libertad ideológica, mantiene lógicamente su ideario soberanista, lo que, aún siendo constitucionalmente válido, no supone que deba renunciarse a evaluar que el convencimiento que mantiene posibilita una reiteración del delito que resultaría absurda en quien profese la ideología contraria».

El juez nunca debió utilizar la palabra «ideología». Primero, porque no es la «ideología» lo que hace delictivo el comportamiento, sino la «metodología». Y, segundo, porque si la ideología entra en la ecuación se abre la puerta a la consideración de «preso político» por los futuribles procesos en tribunales internacionales.

El segundo ejemplo había ocurrido pocos días antes, el 15 de enero, más cerca, en Cáceres, y ha causado un alto murmullo en la ciudad y en toda Extremadura: la condena a nada menos que dos años de prisión a la exalcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, en Sentencia 1/2018, por el caso de los ruidos de los locales de La Madrila, en el Juzgado de lo Penal, nº2.

La lectura de los trescientos folios de la sentencia hace evidente que además de una valoración jurídica, existe una valoración «política». Y cuando digo «política» no me refiero aquí a «ideológica» sino a la valoración de la otra columna vertebral de la política: la gestión. Cuando se utilizan en la sentencia expresiones del tipo «funcionamiento anormal de los servicios municipales» o «medidas realmente efectivas», se está realizando una valoración cualitativa de la gestión política realizada.

¿Cualquier «funcionamiento anormal de los servicios municipales» o cualquier ausencia de «medidas realmente efectivas» para solucionar un problema que cause daños a los vecinos puede ser constitutivo de prisión para el máximo responsable de un ayuntamiento? Si las leyes permiten dictar sentencias tan duras como esas, evidentemente hay que cambiar las leyes que consideran superhéroes y superheroínas a nuestros alcaldes y alcaldesas que todo lo deben saber y todo lo deben poder.

Todo esto confluye en el concepto que quería hoy poner de manifiesto: le estamos otorgando al Poder Judicial el papel de máximo árbitro social con una especie de aura de infalibilidad que no tiene. El Poder Judicial no es un ente supremo nacido de la nada. Primero, los jueces son seres humanos que se equivocan. Segundo, los jueces dictan sentencias al amparo de las leyes que aprueban los políticos.

Así pues, una vez acatadas las sentencias —obligado en democracia— a la política le toca ejercer el liderazgo para que la justicia haga realmente justicia y no política. Si no es la política la que reivindica su lugar en el mundo, ¿quién lo hará? ¿Nos extraña que los poderes económicos nos hayan ganado tanto terreno? ¿A quién interesa más que la justicia haga política, a la izquierda o a la derecha?

Así pues, acatemos sentencias, pero no nos quedemos en acatarlas. Valorémoslas socialmente, analicémoslas políticamente. Cumplamos, en fin, todos los artículos de la Constitución, también el 117, que empieza así: «La justicia emana del pueblo...».