El hecho político de la semana puede haber sido la condena en primera instancia del alcalde de Malpartida de Cáceres y portavoz del Partido Popular en la Diputación, Alfredo Aguilera, por un delito de maltrato a la que era entonces su mujer, y sobre esto las circunstancias previas y posteriores a esa decisión judicial que de momento le deja con nueve meses de pena de prisión.
Previas, porque el litigio y procesamiento judicial viene de largo y por medio han estado convocatorias electorales como la de las municipales en la que sus vecinos le han reelegido e incluso con más apoyo que en la ocasión anterior, y posteriores porque esta vez el PP ha actuado con la cierta diligencia que exige el caso, aunque no han faltado desenfoques como el de tratar el tema como si fuera «un asunto personal», que en efecto lo es, pero que afecta a la ejemplaridad de los cargos públicos.
Por delante va que aún la sentencia no es firme, la recurrirá sin duda ante la Audiencia Provincial, de momento es culpable pero la Justicia con sus escalones dirá si finalmente lo es, o resulta inocente.
Es llamativo que pese al procesamiento y una petición fiscal de 10 meses de prisión, que solo ha sido rebajada en uno por el tribunal del Juzgado de lo Penal, la candidatura local del PP en Malpartida encabezada por él no solo ganara sino que lo hiciera con más votos, pero aún lo fue más que con el juicio en puertas los populares no optaran por la prudencia y le nombraran portavoz en la Diputación provincial, con el resultado ahora de que lo han tenido que relevar y tendrán que elegir a otro.
PENSÉ, al conocer tal designación, que había en el partido razones fundadas de que saldría inocente, cosa que aún puede suceder, pero la mínima prudencia y corrección política exigían aguardar a que se aclarara todo, total, siempre se puede cambiar al portavoz como efectivamente así va a ser ahora. La situación en todo caso es peculiar, temporalmente no es militante del Partido Popular pero es alcalde, se supone que apoyado en el mismo grupo de concejales de su partido con los que tiene mayoría absoluta, y en diputación igualmente está apartado de su grupo pero sigue teniendo asiento en la corporación provincial y votará con él.
Al hilo del caso los populares han puesto sobre la mesa el de Ángel Vadillo en Alburquerque, que por compensación pesa sobre el PSOE. El ex alcalde socialista, que luego lo fue por un grupo independiente, que tiene una condena por insultos y amenazas a una vecina, ha sido candidato frustrado de nuevo por el PSOE a la alcaldía gracias a una reclamación del PP aceptada por la junta electoral, que estableció que era inelegible por esa condena.
Pero, apuntan los populares, sigue ejerciendo de alcalde de hecho, y cobra sueldo como asesor portavoz del equipo de gobierno.
Apuros que apuntamos en esta semana donde de nuevo el contrato en exclusiva a un grupo andaluz del transporte sanitario ha unido a la oposición en contra de la Junta, situada ante dos consideraciones: que aunque las anteriores empresas, por muy extremeñas, no lo hicieran mejor, la idea de otorgar todo el contrato fuera de la Comunidad no fue la mejor de todas, como ya apuntamos en su día, en vez de haber dividido lotes.
Por lo demás sigue el lentísimo goteo de conformación del nuevo gobierno regional, que no es solo el Consejo de Gobierno, sino que también son secretarios generales, directores generales, directores gerentes en empresas públicas; periódicamente hay cambios generacionales, personas que no desean seguir, y algo de eso hay además de, como dijo el presidente Fernández Vara, cada vez resulta más difícil reclutar gente válida para la política, porque por desgracia y en general de forma injusta, todo el mundo resulta en principio, ante la opinión pública demagógica y antidemocrática, un presunto chorizo aprovechado.
