Los disturbios que se sucedieron como reacción a la sentencia del procés despertaron justificadas señales de alarma por el daño que representaban para la imagen de Barcelona y para el conjunto de la economía catalana las protestas violentas en las calles y el bloqueo de infraestructuras claves como el aeropuerto. Esta semana, hemos vuelto a ver como una parte del independentismo, esta vez convocados por el llamado Tsunami Democràtic, recurría a acciones que han impedido el normal funcionamiento de Cataluña. El inaceptable bloqueo de la frontera con Francia y los cortes en las vías durante tres días no solo han alterado la vida cotidiana de miles de personas sino que también ha perjudicado la actividad económica. El riesgo no es menor, han advertido destacados ejecutivos como el presidente de Seat, Luca de Meo, que señalaba la dificultad de atraer inversores a Cataluña en un escenario de inestabilidad como el que existe en la actualidad.

La situación es tanto más preocupante por cuanto los avisos del mundo económico son constantemente desoídos por altos cargos de las instituciones, incluido el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, que se limita a minimizar los efectos económicos de las protestas. Esta actitud tibia es especialmente incomprensible en el president de la Generalitat, Quim Torra, que representa a todos los catalanes y a Cataluña. Su actitud complaciente desde el primer día con los Comités de Defensa de la República (CDR) le inhabilita de hecho para permanecer en el cargo. La principal preocupación de un presidente es que el lugar en el que gobierna funcione y eso incluye la seguridad de los manifestantes pero también la libertad de movimientos de los que no se manifiestan. No entender esto es simplemente hacer dejación de funciones.

En este punto, resulta alarmante que los CDR hayan intentado capitalizar las últimas protestas con un nefasto comunicado, impropio de alguien que pretenda defender ningún derecho porque tiene un planteamiento autoritario. «Independencia o barbarie» reza su manifiesto, en el que se atribuye una representatividad que no tiene, entre otras cosas porque una organización sin caras visibles no puede representar a nadie. Y en la medida que el resto de las organizaciones independentistas se niegan a condenar estas conductas, ese tic autoritario contamina al conjunto del movimiento que en su momento resultó atractivo a algunos catalanes por su propuesta de regeneración y de apertura democrática. Independencia o barbarie es pura y simplemente una barbaridad que nadie cabal puede suscribir, ni por acción ni por omisión.

La protesta contra una sentencia judicial tiene amparo en la libertad de expresión cuando transcurre dentro de los límites de la convivencia y del respeto al conjunto de la sociedad. Resulta simplemente un silogismo defender a los que defienden la independencia de Cataluña como la mejor solución para los catalanes, amargando la vida y la economía a los propios catalanes que son las principales víctimas de los cortes, de los bloqueos y de los boicots. Resulta todo un síntoma que una barbaridad como esta se tenga que combatir en un país europeo a principios del siglo XXI.