España vive el primer fin de semana completo sin estado de alarma y restricciones como cierres regionales o toque de queda generalizado, en medio del guirigay y maraña de normas de alcance autonómico, que no son sino otra consecuencia del estado de guerra permanente entre nuestros partidos políticos, al que se añaden las diferencias o diferenciaciones que por su cuenta añaden los presidentes y formaciones que gobiernan las comunidades.

Predomina por encima de todo una falta de valentía política prácticamente generalizada, un valor que desde luego no vamos a encontrar en Madrid, ni en lo que respecta a la gobernabilidad de España ni tampoco en lo relativo a la de la comunidad más importante del país; pero tampoco en Barcelona, cabecera de la segunda en ese rango y que lleva de desgobierno en desgobierno cuatro años.

Hay que viajar a Valencia, o a Galicia, por mencionar dos ejecutivos regionales y dos realidades bien diferentes. Aplausos para el presidente valenciano Ximo Puig y los partidos que allí gobiernan, que mantienen a ese territorio en unos niveles de pandemia envidiables y donde el ex alcalde de Morella y hoy presidente regional aún mantiene hasta donde los jueces le han dejado, menos de lo que él pedía, el toque de queda.

Admiración también para el gallego Alberto Núñez Feijoo, alguien a quien no se le debería pasar el arroz en lo que a coger los mandos del PP nacional respecta, y que con discreción e imaginación ha preferido no rozar los derechos fundamentales y la suspicacia de los jueces en ello, y por eso su gobierno en vez del toque de queda ha prohibido entre la una y las seis de la madrugada las reuniones de no convivientes tanto en domicilio como en el exterior, salvo algunas causas muy justificadas; toda una sugerencia desde Santiago de Compostela para quienes gobiernan en Extremadura.

Yo habría prolongado el estado de alarma nacional hasta finales de mayo. Así se habría encarado la reapertura con más garantías. Pero en el clima político asfixiante que vivimos en España cualquier cosa sensata resulta imposible; llegamos al final de tal estado sin un segundo escalón legal, es cierto, pero cabe a las autonomías solicitar la alarma para cada una de ellas, algo reñido con la extendida cobardía política, y más tras el resultado electoral de Madrid.

Un Euskadi, un Urkullu que en otros aspectos son modelos, no sé a qué esperan. Pero le ha podido el vértigo.

La democracia empieza tras el reconocimiento del resultado de unas elecciones, y no hay, no, ganadores ilegítimos ni criminales

¿Una ley que dé más recursos legales a las autonomías? Posiblemente es necesaria, pero todo parece agotador: el Gobierno propone restricciones y la oposición las niega, luego las pide… En un estado de cosas en el que se sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años caducados, ¿podemos tener esperanzas en que PSOE y PP habrían pactado una ley alternativa al estado de alarma? Después de la angustia, porque no tiene otro nombre, que se pasó hace un año para aprobar cada 15 días la alarma, ¿vamos a volver a lo mismo?.

La guerra que mantienen PSOE y PP nos está hundiendo a todos. Se pacta un reparto del Consejo del Poder Judicial, pero luego se intenta no solo nombrar a los propios sino ir más allá, vetar a los del contrario. La cosa está para que entre todos encerremos en un salón a los dos grandes partidos y, como en el cónclave para elegir Papa, no dejarles salir hasta que acuerden dar estabilidad a este país, si hace falta sin comida.

La democracia empieza tras el reconocimiento del resultado de unas elecciones, y no hay, no, ganadores ilegítimos ni criminales. Ni cuando gana Pedro Sánchez ni cuando lo hace Isabel Díaz Ayuso. La gente vota tal cosa y sus razones tendrá, se esté de acuerdo o no.

En Portugal izquierda y derecha han votado juntos todos los estados de emergencia habidos y por haber. Ahora, con una incidencia de covid por debajo de 50 (España 166), se sitúa con ventaja, como el año pasado, como el mercado turístico por excelencia para los británicos.