Corría el año 2017 cuando Alberto Rodríguez, entonces diputado de Unidas Podemos, pedía derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Intentaba, así, evitar para él mismo las consecuencias de esta ley. Cuatro años después fue condenado por dar una patada, por agresión a un policía durante una manifestación. No consiguió sus deseos a tiempo, ya que, a causa de esta condena, y a pesar de los bochornosos intentos del PSOE y de su propio partido, socio de gobierno, tuvo que abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados.
"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán ser grabadas y difundidas las imágenes"
Solo un mes después de esta condena, en el que todavía no se ha cubierto el escaño porque en Podemos aún dura el berrinche, y en plena negociación de las cuentas para 2022, los socios comunistas del gobierno exigen a Sánchez que se reforme la Ley de Seguridad Ciudadana. Se veía venir: no hay nada como el «momento presupuesto sanchista» para que la caterva de camaradas aparezca imponiendo sus intereses partidistas frente al interés del Estado, rapiñando los derechos de todos los españoles.
Cuando se apruebe esta reforma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán ser grabados, y difundidas sus imágenes sin ningún castigo; dejándolos expuestos a cualquier tipo de agresión, a ellos y a sus familias. Y esto ocurre en contra de la Constitución, como tantas otras veces desde que tenemos este gobierno, que limita «el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». Pero eso sí, ellos no podrán grabar a los manifestantes, cuyos derechos quedarán más protegidos que los de la policía, la Guardia Civil y sus familias.
Y como el desorden favorece siempre a los antisistema, a los extremistas, se pretende acabar con la obligación de comunicar previamente una manifestación a la autoridad, pudiendo convocarla sin aviso en diversos puntos de una ciudad, sin que las fuerzas de seguridad del Estado puedan organizarse y proteger a los ciudadanos frente a actitudes violentas. Es decir, barra libre para el delito y la violencia.
Como colofón, está lo que se ha dado en llamar «policía taxista»: con los cambios que se avecinan, el detenido tendría que ser devuelto al lugar donde comenzó la intervención. Dará igual que el agente se necesite en otro lugar, tendrá que coger el coche y llevar al detenido de vuelta, evitándole así la «molestia» de desplazarse por su cuenta.
Está comprobado que los presupuestos de Sánchez llevan a España a ser, cada año, menos Estado. A cambio de un sí veta el uso del castellano en nuestro territorio; claudica, una y otra vez, ante separatistas y Bildu. ¡Y ahora pretende reducir nuestra seguridad! El PP ya ha anunciado que si la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue adelante la recurrirá ante el Constitucional y la derogará cuando gobierne. ¡No es para menos!
