Reparar completo el daño de las víctimas, y sus familias, de la Guerra Civil y de la dictadura debiera ser una obligación moral y cívica de cualquier sociedad que quiera proclamarse estado de derecho. No puede haber verdadero cierre (y por tanto, concordia) sin que se haga causa común de las heridas abiertas del conflicto bélico (de ambos bandos) y de la represión de los vencedores (obviamente, sólo una parte).
Un proceso de conversión a democracia debe desembocar en espacios, antes inexistentes, que sirvan para llegar a consensos. Y eso exige cesiones. Entre las mismas no cabe un olvido a las víctimas. Por eso, nunca entendí la belicosa oposición a la voluntariosa ley de memoria histórica de Zapatero. Era una obligación de nuestra democracia, prácticamente una cimentación de su base fundacional.
El recelo nacía quizás en una redacción que mostraba un marcado interés electoralista y un sesgo ideológico por parte del PSOE, ávido de usar el pasado para redecorar el presente. Tampoco sumó el mal entendimiento que se suele tener en el Partido Popular de su propio electorado, frente al que considera que es sudeber ser tibio o ambiguo respecto del franquismo, incluso sin condenarlo o exigiendo igualar su reproche a que otros la hagan por su lado (terrorismo). Entienden que actuar distinto será percibido con preocupación o interpretado como una rendición por su base sociológica. Y no niego que algo de esto puede ser cierto para una exigua, marginal, parte de sus votantes. Pero creo que dista mucho de ser un problema para un amplio resto.
Y así se perdió hace más de una década, de nuevo, una insuperable oportunidad de lograr un acuerdo de estado. Esta ausencia, en cierta manera, mantiene abiertos debates que hace tiempo debían estar resueltos. Y heridas que debían estar cerradas. Es normal pensar si esto interesa a alguien.
Cuando el actual gobierno bipartidista va soltando sus habituales ‘globos sonda’ acerca de poner en cuestión la ley de amnistía (de 1977, recordemos) nos hace creer que quizás las buenas intenciones no eran todo lo que rodeaba a aquella ley. Ni siquiera nuestra ordinaria y pesada losa de la carga ideológica explica por qué extender la memoria histórica a una etapa plenamente democrática como es la Transición.
"Como dice Bustos de los franceses, parece que la izquierda española prefiere hacer una revolución antes que proyectar una reforma"
No existe una aclamación pública que cuestione ese proceso como no hay una reivindicación social acerca de las normas integradas en el corpus constitucional. Ya ni hablemos del fundamento jurídico de esta bastarda extensión de la memoria histórica, puesto que hablamos de una «ley de olvido» que cumple con todos los requerimientos del derecho internacional.
Como dice Bustos de los franceses, parece que la izquierda española prefiere hacer una revolución antes que proyectar una reforma. Sería inocente pensar que es sólo una táctica a corto plazo u otra burda maniobra para arañar votos. No, el desgaste de las instituciones que vivimos exige poner en duda también la fundación de nuestro actual entramado constitucional. Pasa por derribar el consenso del 78.
Si la ministra Morant no ha dudado en insinuar que no votamos bien (no era sólo Vargas Llosa), ayer en una despoblada sede parlamentaria Elorza acusó a «las derechas» de golpistas. Sin pruebas, no vayan a creer. Al final terminamos en el ex de todos, Iglesias. Al que desde luego no se puede acusar de ocultar sus intenciones, pues ya avisó de que buscaban un cambio y que la derecha «nunca volverá a formar parte del consejo de ministros de este país». Tremendo sic.
Extender la sospecha de que la transición está contaminada por la dictadura es fruto de una estrategia. Ese período, con más luces que sombras, alumbró la actual España democrática. Su cuestionamiento público pretende un cambio de reglas del juego. Pero que pasa por crear el escenario de opinión adecuado, ya que cualquier reforma institucional exigirá siempre un consenso donde entra el otro lado del arco parlamentario.
La izquierda ha entendido bien que el futuro próximo es la política de bloques. Necesita a su lado todos los movimientos nacionalistas y periféricos a su lado. Necesita cambiarlo todo para, sí, que ya no cambie nada. A menudo olvidamos que el objetivo político último es el poder.
*Abogado, experto en finanzas
