El cercano 2022 verá cumplirse los dos años desde la irrupción de la pandemia (si nos atenemos a las fechas ‘oficiales’). Si 2020 fue un lógico caos y una continua marea de incertidumbre, donde las primeras olas sorprendieron y agitaron los cimientos de nuestro día a día, donde hubo dificultad en medir de forma previa su virulencia e impacto, el 2021 no cumple esas condiciones. Este año que se cierra ha sido una revisitación de algo que ya conocíamos y habíamos experimentado de forma reciente. Lo que pudiera ser disculpable en la primera parte, es negligente en la segunda.
Todos los gobiernos tienen su derecho a la propaganda, al uso egocentrista de la comunicación. Cosa distinta es el empeño en presentar éxitos y avances contra los tozudos, e inocentes ideológicamente, datos. España afronta un 2022 realmente complicado, liderando el nivel de desempleo dentro de la UE y siendo furgón de cola en la recuperación económica en los países de la OCDE. Los desafíos próximos nos van a exigir algo más que proclamas, informes y ruedas de prensa.
Para el gobierno de Pedro Sánchez, como quien oye llover. Incólume en su hoja de ruta, lo importante es cumplir con los compromisos que ellos consideren válidos (los que crean que dan votos). Incluso, de aquella manera. No es ya la frivolidad demostrada por Yolanda Díaz al reconocer que la derogación de la reforma laboral no era posible «técnicamente» sino exclusivamente «políticamente». Sino que el texto aprobado sólo es un descafeinado remedo de la anterior, sumando matices que complicarán aún más el rígido mercado laboral español. Pero, sí, ha habido una «no reforma» vendida como novedad. Si quieren aceptar pulpo, adelante.
Con la nueva norma no se han ganado derechos para los trabajadores. Ni se han reducido los costes de contratación, verdadero caballo de batalla de las empresas en España. Ambas deberían ser los pilares de un acercamiento al mercado laboral que pretenda tener verdadero impacto.
Es esencial reducir costes y burocracias para los empleadores, clave para la dinamización del empleo. El gobierno parece no comprender que la paralización de actividad o el cierre de empresas (en España, mayoritariamente, pymes y autónomos con trabajadores) no tiene una tasa de sustitución inmediata. No se abren empresas de forma automática porque otra empresa haya cerrado u otra se vea forzada a expedientes de regulación de empleo. Cualquier aumento de costes es muy sensible para empresas con un margen bajo y con estrecheces en la liquidez y acceso al crédito.
Todo pasa por una anticuada visión del mercado laboral. Este tipo de reformas se centran en mantener los derechos adquiridos por trabajadores en su puesto, pero no en el aumento de la empleabilidad o el estímulo de la movilidad laboral. Por descontado que no era necesario tocar los derechos al despido de los trabajadores que llevan años en sus empresas, pero sí dotar de más flexibilidad a mecanismos como los ERE y ERTE -por cierto, mantenidos en la configuración de 2012 y modular las cotizaciones sociales.
Hay un segmento que claramente sigue perdiendo con esta estructura legal del mercado: los jóvenes. Con un paro juvenil de 40% (cuyo impacto social es evidente, ya que no se da la estabilidad para tener proyectos a medio y largo plazo) los derechos al despido parecen una quimera para toda una generación. Es mucho más necesario potenciar su empleabilidad a través de incentivos al empleo juvenil. Como lo es favorecer la movilidad laboral en una economía cambiante y con la llegada (para quedarse) del teletrabajo en un país con buenas comunicaciones (con horrorosas excepciones, como bien sabemos aquí). Nada de esto se incluye en la reforma.
No es entendible el ataque a los contratos temporales de menos de 30 días, que son claves en el sector servicios y pueden ayudar a enganchar trabajos. No debemos confundir el fraude y el abuso con la realidad del empleo: cuantas más opciones tenga el trabajador, menos capacidad tendrá el empresario que quiera forzar. La modificación nominativa de contratos temporales a fijos discontinuos se limita a ser una “cocina” estadística. Esta modificación estética podrá reducir números, pero no supone ningún cambio en las condiciones reales de estos empleados.
Como toda la reforma, lo que tenemos es mera cosmética al servicio de un triunfalismo gubernamental, encabezado de un Sánchez decidido a ponerles barreras a la verdad. Porque con la inflación o el precio de la luz, queda claro que no puede.
*Abogado, experto en finanzas
