La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a demoler Valdecañas (Isla de) es una buena noticia, todo hay que decirlo. Ese complejo de lujo y mal gusto que empezó a construirse en un paraje de Cáceres en 2007 gracias al Partido Socialista y el Partido Popular, es decir, la Junta de Extremadura, fue declarado ilegal por tratarse de una zona de protección medioambiental, pero habría bastado, para su ilegalización, el propósito de convertir el lugar en «la Marbella extremeña». Extremadura no es tan hortera.
"Como en el caso del Algarrobico, todo seguirá también ahí, ‘sine die’, pese a la sentencia"
Desde entonces, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en 2011, como el Tribunal Supremo, en 2014, han confirmado la ilegalidad del proyecto y ordenado parar las obras y recuperar el terreno, fallando a favor de los denunciantes, Ecologistas en Acción y Adenex. El que nunca se hayan cumplido las sentencias se explica por los recursos puestos por la Junta de Extremadura y sus intentos de legalizar la urbanización o al menos de lograr que se conserve la parte ya construida y se destruya únicamente el resto. Para que luego digan de los socialistas. O de Fernández Vara.
Es verdad que entre 2011 y 2015 gobernaba el Partido Popular, pero esos intentos de legalización o de conservación a medias son solo de hace dos años, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una nueva sentencia de 2020, ordenaba mantener lo ya construido y demoler lo demás.
Hasta ahora que el Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse y ha decidido la demolición de todo: piscinas, campo de golf, pistas de tenis y de pádel, hotel de cuatro estrellas, atraques de barcos, viviendas (185 villas, así las llaman), campo de fútbol, circuito de hípica y playas artificiales. Lo que lleva a preguntarse: ¿Con qué objetivo, además de aplicar la ley?
Con ningún otro: aplicar la ley. No con el de obligar a los extremeños a pagar 140 millones entre indemnizaciones a particulares y demoliciones. Ni con el de ridiculizar la producción de paraísos naturales creados por el hombre, solicitando a la Unión Europea protección para espacios medioambientales, zonas ZEPA, Red Natura 2000, etcétera. Ni con el de fastidiar a empresas turísticas o a viviendas privadas. Ni con el de debilitar la credibilidad de las administraciones que incurren en ilegalidades a sabiendas. Ni siquiera con el de complacer a quienes padecen rencor de clase, ay.
Eso sí, lo peor de esta última sentencia del Tribunal Supremo no es que se ejecute y se recupere así el paraje original, «un erial lleno de eucaliptus, escombros y lavadoras», según la imagen de Antonio Cid en su Trastienda del domingo. Lo peor es que no se ejecute y Valdecañas (Isla de) se convierta en otro Algarrobico. Precisamente Antonio Cid, en su «defensa» de la urbanización, en su cabreo por lo que va a costar a Extremadura la demolición, decía: «No es el caso del hotel del Algarrobico (...), como algunos han querido comparar en un ejercicio de similitud falsa».
Cierto: en el Algarrobico hay solo un hotel y en Valdecañas (Isla de) hay un hotel, un campo de golf, pistas deportivas, un campo de fútbol, 185 villas, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que se ha querido comparar: que, como en el caso del hotel del Algarrobico, todo eso seguirán también ahí, sine die, pese a la sentencia.
