A pregunta del siempre incisivo Alsina, el ministro Escrivá respondió «sí» a una posible re(centralización) de tributos cedidos a las comunidades autónomas. Sólo un día después, se desdijo mediante la manida táctica de la literalidad: nunca dije tal palabra. Ya. El ministro Escrivá, sin duda una de las cabezas mejor amuebladas del consejo de ministros, sabía perfectamente lo que decía.
Esta vacilación nace, claro, de la controversia generada a cuenta de las bajadas y supresiones de impuestos que han llevado a cabo determinadas comunidades autónomas y la supuesta competencia que introduce en el mercado interno. Comunidades que (escasa sorpresa) están gobernadas por el partido opositor al gobierno del ministro de Hacienda. Parece que al gobierno el uso de las facultades propias de estos gobiernos autonómicos le resulta «insolidario».
Lo que ocultan los cruces de declaraciones es la divergencia de modelos de política fiscal. Algo hasta cierto punto, inédito, ya que cuando los populares (aparentes apóstoles de reducir la presión fiscal) han gobernado, no se han caracterizado precisamente por bajar impuestos. Por tanto, la decidida acción de los gobiernos andaluz y madrileño es un soplo de aire fresco para un debate añejo, con aspectos que siguen cogiendo polvo sin remisión ni solución a la vista. Ahí está la clave.
Primero, la cuestión de centralización. El socialismo fue el gran adalid de las transferencias de competencias, apurando hasta el máximo las vías constitucionalmente establecidas. Habitual aliado de los nacionalismos periféricos, siempre que el PP ha amagado con recuperar competencias o centralizar determinados servicios o administraciones arreciaban las críticas desde el socialismo sobre la ranciedad y el jacobinismo de esas decisiones. No digamos nada cuando algún partido como Vox ha hablado de centralización: anatema. El cambio de discurso y la mención de la solidaridad funcionan como «trampantojo», que difícilmente disimula la intención partidista de las declaraciones del gobierno. No responde a una mayor eficiencia o a la ruptura de la solidaridad interterritorial. Es una discusión política.
Entre otras cosas, porque la asimetría ya viene «de serie» en nuestro sistema fiscal autonómico, con los regímenes de concierto y cupo en Navarra y Euskadi, respectivamente. A partir de ahí, se hace complicado apelar a la solidaridad. Pero incluso asumiendo que es un principio rector de nuestro sistema fiscal, también existe otro del que tendríamos que hablar: la corresponsabilidad fiscal.
¿Por qué una comunidad que genera superávits, derivados de un sistema pactado, no puede decidir sobre la distribución de sus ingresos? Incluso en el caso de Andalucía (receptora de fondos interterritoriales), la bonificación en el impuesto de patrimonio supondrá una menor recaudación, pero conllevará ingresos mediante la dinamización económica del ahorro de particulares. Esa es la apuesta. Y si no se modifica su balanza fiscal (es decir: siguen siendo corresponsables), ¿por qué no debieran hacer uso de su autonomía como entiendan mejor en el marco de sus competencias?
¿Por qué una comunidad que genera superávits, derivados de un sistema pactado, no puede decidir sobre la distribución de sus ingresos?
El miedo a una competitividad entre autonomías y las acusaciones de «dumping» fiscal son realmente formas de desviar el verdadero debate. Que es la reformulación de un sistema de financiación autonómica que siempre se centra sobre el nivel de recursos a recibir. No sobre un estándar de nivel en los servicios sobre los que tienen competencias las comunidades. Sin un marco común garantizado, la existencia de esa oferta fiscal interna como ruta para mejorar la actuación de las administraciones y el servicio a sus ciudadanos tiene sentido. En realidad, el camino es repensar una fiscalidad que pone siempre el foco en el ingreso, y no en el gasto de las diferentes administraciones.
Conviene recordar, además, que el gobierno cuenta con la herramienta más poderosa para “regular” indirectamente los tributos cedidos: la creación y modificación el gravamen y su posterior debate en el legislativo. Si existieran desmanes (que no los hay), tiene el mecanismo de control en la mano.
Si estas medidas fiscales son tan perniciosas para el ciudadano y el equilibrio entre territorios, poco debieran preocupar al gobierno: el castigo vendría en forma de menos votos. Ocurre que lo que viene pasando es, justamente, lo contrario. Nadie debe llevarse a engaño: esa es la verdadera «competencia».
*Abogado, experto en finanzas
