La Fiscalía no ve delito en la gestión municipal con la 'movida'

El presidente de la asociación vecinal Intramuros confirmó el mes pasado que la Fiscalía había archivado la denuncia del colectivo contra el ayuntamiento por la gestión presuntamente pasiva de este ante los ruidos, horarios de cierre y problemas derivados de la movida nocturna. Ayer, el gobierno hizo pública la resolución de la Fiscalía Provincial de Cáceres, en la que la Fiscal-Jefe señala que, ni ha habido pasividad, ni prevaricación, por lo que el ayuntamiento no ha cometido ningún ilícito penal.

La asociación presentó su denuncia el 8 de mayo del 2013 y manifestaba la "dejadez, pasividad e incumplimiento reiterado, así como las presuntas infracciones que se vienen cometiendo en distintas calles de la ciudad donde hay locales de ocio" de la Ley de convivencia y ocio de la Junta; del Reglamento de Ruidos y Vibraciones de la Junta y de la Ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana. "Sin que el ayuntamiento haga nada por hacer cumplir la normativa expresada", indicaba el colectivo.

Ante esta denuncia, la Fiscalía pidió información al ayuntamiento de sus actuaciones durante los años 2012 y 2013 y, una vez recibida, señala: "Podemos observar las distintas actividades que por parte del ayuntamiento y sus funcionarios, auxiliados por los agentes e la policía y otros poderes públicos, han venido realizando".

En su escrito enumera las 36 actas levantadas por incumplimiento de horarios de cierre; 64 órdenes de control del horario; 83 partes de intervenciones; 3 denuncias por consumo de alcohol; 9 por orinar en la vía pública y 7 por actos vandálicos, además de sanciones impuestas por la Junta a bares, pubs y discotecas por incumplir el horario de cierre y por el ayuntamiento en materia de ruidos.

Pone de ejemplo la suspensión de la licencia del Moma hasta realizar medidas de aislamiento acústico; la sanción a La Facultad por instalar una terraza incumpliendo la normativa y el expediente de precinto del equipo de reproducción sonora de El Pecado. Con todo, señala la fiscal que la documentación "refleja la labor desempeñada por el ayuntamiento para dar respuesta y solución a los problemas planteados por los vecinos y que en ningún caso puede calificarse de pasiva". Descarta del mismo modo el delito de prevaricación por omisión, es decir, por inactividad de los funcionarios a la hora de adoptar resoluciones.