Es una de las concesiones de mayor envergadura del Ayuntamiento de Plasencia, la gestión de parques, jardines y zonas verdes. Tanto es así que se adjudicó hace 15 años y a una unión de empresas, Jardines de Plasencia. A finales de agosto, termina el contrato con esta UTE y el concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Pérez Escanilla y los técnicos llevan más de un año trabajando en un nuevo pliego que recoge todos los nuevos espacios verdes que se han ido creando desde el 2003.

Es por tanto un pliego amplio y deberá estar durante un plazo de cinco meses en exposición pública para posibles alegaciones. Eso significa que ya no dará tiempo a tenerlo adjudicado justo para cuando finalice el contrato.

En este sentido, Escanilla ha explicado que la ley permite que la concesión actual «se pueda prorrogar hasta seis meses por ese motivo». Por otro lado, las próximas elecciones municipales podrían suponer algún retraso, ante lo que el concejal ha señalado que «habrá que ver si es posible tenerlo listo antes del día 26». Pero si no diera tiempo, subraya que «lo que hay que hacer es publicarlo porque, no es porque lo diga yo, pero es un pliego bien hecho».

10.000 árboles / Entre otras cosas, recoge que, «cada vez que haya una oportunidad» de retirar árboles enfermos o que causen daños como el levantamiento de acerados, se sustituyan por otros «que no tengan una carga de polen elevada», como el abedul.

Según Escanilla, en Plasencia hay contabilizados unos 10.000 árboles, además de grandes parques como Los Pinos, La Coronación, La Rana, Gabriel y Galán, El Cachón y La Isla. Del mismo modo, hay incontables zonas verdes y parques de menor tamaño en todos los barrios y espacios verdes en rotondas que ahora comparten su mantenimiento con usuarios de Placeat y de Cáritas.

A su vez, a lo largo de los últimos 15 años, se han ido creando espacios verdes que no estaban incluidos en la primera concesión del servicio y que ahora sí aparecen. Este ha sido un inconveniente de una concesión tan larga. Precisamente, el concejal ha explicado que la legislación actual no las permite, sino que el tiempo máximo de concesión solo podrá ser de cinco años, cuatro, más uno de prórroga, porque «se considera un servicio».

De esta forma, se realizarían actualizaciones de la concesión durante periodos de tiempo más cortos. Esta concesión supone un coste de 1,2 millones de euros al año, motivo por el que el pleno deberá aprobarla.