La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia mantienen un pulso desde hace varios años a cuenta del coste del mantenimiento del CEIP Las Eras.
Un centro escolar de Primaria, con 161 alumnos, que van a empezar el curso sin servicio de limpieza ni conserje. Y que hasta hace unos días ni siquiera tenían garantizado el suministro eléctrico por una disputa entre administraciones que se ha judicializado y ha llegado hasta el Tribunal Supremo (TS).
Lo habitual es que los ayuntamientos se hagan cargo del mantenimiento de los centros escolares, aunque las competencias en Educación son de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el consistorio chinato llevó este caso a los tribunales, debido a que cedió unos terrenos municipales para la construcción del colegio a la Junta.
En el otro centro de Malpartida de Plasencia, el CEIP Fray Alonso, el ayuntamiento sí se hace cargo del coste de suministros y mantenimiento. “Es un agravio comparativo y nos vemos inmersos en un conflicto entre administraciones del que no tenemos culpa”, señala una de las madres que integra el AMPA, María Cristina Fernández.
Ellas han conseguido, tras registrar varios escritos en Educación y mantener varias conversaciones telefónicas y reuniones con el alcalde, Raúl Barrado, que el consistorio haya aprobado una moratoria (hasta el 1 de noviembre) para hacerse cargo del coste de suministros, pese a la sentencia del TS que da la razón al ayuntamiento. Aun así, el centro arrancará el nuevo curso sin servicio de limpieza ni conserje.
La sentencia en cuestión declara la “obligación de la Junta de sufragar los gastos de conservación y mantenimiento del centro”. El consistorio presentó un contencioso-administrativo porque entiende que es la Junta la que “ostenta la titularidad del CEIP”, por lo que al municipio “solo le corresponde el mantenimiento de aquellos centros públicos ubicados en edificios de titularidad municipal”.
En mitad de esta guerra, los niños y niñas de un colegio “que cada año está más deteriorado”. Ya en noviembre de 2018 se desprendió la celosía de la fachada principal, y Educación requirió al ayuntamiento su reparación, a lo que el arquitecto municipal adujo que “no era una actuación de mantenimiento sino de reparación; por lo que no corresponde al ayuntamiento asumirla, ya que implica reparar un aspecto estructural del edificio”. A raíz de este informe municipal, que recoge la sentencia, se inició una batalla judicial a la que el TS ha puesto punto y final, pero cuyas consecuencias siguen coleando.
Al respecto, la Junta alegó que la competencia para la conservación y mantenimiento no está vinculada a la titularidad del centro. “Se pasan la pelota unos a otros. La Junta nos dice que no nos preocupemos, pero nos tememos que llegue noviembre y este conflicto siga sin resolverse”.
