Ni 24 horas ha dejado pasar el Vaticano para lanzar un órdago contra la ley del matrimonio homosexual aprobada el jueves por el Congreso. El presidente del Consejo Pontificio de la Familia, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, reclamó ayer a los profesionales que tienen que aplicarlo a ejercer la misma objeción de conciencia "que se pide a los médicos y enfermeros contra un crimen como el aborto".

El cardenal recuerda, en una entrevista al diario milanés Corriere della Sera, que Juan Pablo II ya protestó contra la iniciativa del Gobierno español y que el actual papa, Benedicto XVI, "también ha hablado con gran claridad de cómo era de destructiva esta ley que abre el camino a la deshumanización".

LADRILLO A LADRILLO Textualmente, el purpurado colombiano afirma que "lo que se está haciendo en España, y además con una mayoría bastante reducida, es la destrucción de la familia, ladrillo a ladrillo" y luego lanza el mensaje de rebelión: "Porque se trata de una ley inicua malvada, injusta la Iglesia llama con urgencia a la libertad de conciencia y al deber de oponerse".

Y no es una invitación, sino una obligación. "No es facultativo. Todos los cristianos, como dice el Evangelium Vitae, deben estar preparados incluso para pagar el precio más alto, incluso con la pérdida del trabajo", aclara el alto cargo vaticano.

A diferencia de lo que sostiene hoy en España el PP, al Vaticano tampoco le valen las parejas de hecho. Al contrario. López Trujillo está convencido, y así lo expresa en el diario milanés, de que el cambio de la definición de matrimonio empezó "cuando se puso en circulación esa moneda falsa de las parejas de hecho", hasta llegar a un punto en que "parece que cualquier modelo de unión puede llegar a una familia, como si fuese un club".

Aunque evitó una confrontación abierta, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, no renunció a responder. La portavoz del Ejecutivo recordó que los funcionarios públicos, incluidos los municipales, tienen el deber de "cumplir las leyes que el Gobierno propone y el Parlamento aprueba en una sociedad democrática", de modo que los católicos no podrán invocar la objeción de conciencia para negarse a oficiar bodas gays. "Las leyes deben ser cumplidas por todo el mundo, pero sobre todo por los que prestan servicios en la función pública", subrayó.

La vicepresidenta también negó que la norma persiga "la destrucción de la familia", porque "todos los ciudadanos podrán constituir una familia con arreglo al derecho canónico o civil".

QUEJA DE IU Con la consigna del "respeto mutuo" trató la número dos del Gobierno de rehuir el choque frontal con el Vaticano. Recordó que el Ejecutivo "cumple sus compromisos con los ciudadanos" y muestra "absoluto respeto" hacia la Iglesia católica, que a su vez "debe manifestarse con absoluta libertad en sus competencias y en el ámbito religioso, que no es el del Gobierno".

A pesar del carácter conservador de Joseph Ratzinger, De la Vega apostó por que España mantenga con la Santa Sede las mismas relaciones de siempre, basadas "en el respeto mutuo y el cumplimiento de los acuerdos".

Izquierda Unida, en cambio, advirtió tanto al Vaticano como a la jerarquía católica española de que con sus afirmaciones "se colocan al borde mismo del respeto a las leyes y a la Constitución".

La Fundación Triángulo de Extremadura ha calificado de "fecha para recordar" la aprobación ayer en el Congreso de la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre homosexuales.

Según señala en una nota, "el día de ayer fue inolvidable para gays y lesbianas tras años de lucha por sus derechos, aunque queda por delante mucho trabajo hacia la igualdad social".