La Comisión Europea elevó ayer hasta 86.232 las hectáreas forestales arrasadas por en Galicia, mientras la Xunta modificó al alza sus estimaciones, no obstante sin ir más allá de las 77.000. El consejero del Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, admitió ayer que estos cálculos tienen un margen de error del 5%, al tiempo que resta credibilidad a las cifras facilitadas por la UE.

Suárez Canal considera más fiables los estudios de su equipo que los de los europeos, que basan sus mediciones en imágenes tomadas por satélite. "No vamos a polemizar sobre cifras de otros mecanismos de información que ni hacen la medición sobre el territorio ni recorren los perímetros de los incendios. Además, tienen un margen de error importante al basarse en la impresión de píxeles en mapas", explicó para justificar el desfase.

En todo caso, los peores pronósticos se cumplen. La cifra final de hectáreas arrasadas habría sido, según la administración autonómica, de 77.000, superando sus previsiones iniciales. El 2% de la superficie ha quedado reducida a cenizas. La mitad de la foresta perdida está en Pontevedra, donde los daños son enormes. Allí las hectáreas devoradas ascienden hasta las 38.500. Este balance provisional señala que A Coruña, con 28.000 hectáreas, es la segunda zona más perjudicada. En Ourense, las llamas se llevaron 8.500 hectáreas mientras que en Lugo el coste alcanzó las 2.000.

Todavía queda por delante una medición más rigurosa sobre el terreno. La Xunta señala que ha llegado a estas cifras utilizando diversos métodos. La cartografía de la consejería se ha contrapuesto a las mediciones por satélite, sumándosele datos tomados en vuelo y la observación de imágenes GPS. Tras este primer recuento, Galicia contaría ya con 91.172 hectáreas quemadas, pero es previsible que aumenten, dado que la temporada de incendios no ha hecho más que comenzar. La vigilancia continuará el resto del verano. Después de que profesionales de las 17 comunidades participasen en ponerle freno a esta plaga de incendios, todavía trabajan en Galicia 8.562 agentes.

El consejero de la presidencia, José Luis Méndez Romeu, espera que haya más detenidos y el vicepresidente Anxo Quintana opina que hora de actualizar el Código Penal y "tipificar con claridad el delito de terrorismo forestal".