Nuevo revolcón a la política de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. La justicia puso ayer definitivamente las cosas en su sitio sobre las acusaciones de eutanasia activa contra 15 médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés con una resolución que archiva el caso e incluso obliga a retirar cualquier referencia a mala praxis médica y a limpiar el nombre de los denunciados. El Ejecutivo madrileño llegó a hablar, tomando como base una denuncia anónima, de prácticas masivas de eutanasia con hasta 400 sedaciones irregulares.

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que no admite recurso, da la razón a Luis Montes y su equipo del servicio de urgencias, que fueron apartados de sus puestos. Sus compañeros, con el apoyo de sindicatos, asociaciones y partidos de izquierda, anunciaron que se querellarán contra la Consejería de Sanidad por denuncias falsas, al tiempo que exigieron disculpas públicas y ser repuestos en sus cargos.

AGRESION SIN PRECEDENTES "Esta ha sido la mayor agresión política que ha sufrido la sanidad pública en los últimos 30 años", denunció Luis Montes, que recordó que durante tres años de "presión y represión" fueron destituidos cinco jefes de servicio y tres supervisores y eran amonestados y expedientados los trabajadores que secundaban las manifestaciones de protesta.

"Ahora empieza el tiempo de reparaciones", proclamaron Montes y sus compañeros, que brindaron con cava y pidieron la dimisión de los responsables y que, lo mismo que se hizo una campaña de desprestigio contra ellos, se haga ahora la contraria para resarcir su honorabilidad. También el ministro de Sanidad, Bernat Soria, exigió a Esperanza Aguirre y a los consejeros del PP que los acusaron que les pidan "perdón públicamente".

CARGO DE CONFIANZA Aguirre se limitó a decir que cuando tuvieron conocimiento de la supuesta mala práctica médica lo pusieron en manos de la justicia y justificó la destitución porque se había puesto "en tela de juicio su actuación". "Se hará lo que corresponda y se tenga que hacer", comentó de forma ambigua sin concretar si se va a reparar el daño y cómo a los denunciados.

El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, se pronunció en la línea de su antecesor, Manuel Lamela, que fue quien decidió separar a Montes de su puesto. "El cese se produjo a consecuencia de la pérdida de confianza en él, lo que se ajusta plenamente a derecho", defendió.