Los psiquiatras y ginecólogos que, acatando la nueva ley española del aborto, se avengan a certificar que la mujer que pretende interrumpir una gestación está enferma física o psíquicamente, y que esa dolencia empeora con el embarazo, deberán estar seguros de que las alteraciones alegadas no quedarán resueltas a corto plazo. Las dolencias que justifiquen un aborto han de ser "importantes y con permanencia o duración en el tiempo", exige la futura ley de protección de la vida del concebido, que el viernes presentó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El texto penaliza con tres años de cárcel y seis de inhabilitación al especialista que autorice un aborto amparándose en ese supuesto si con posterioridad a la intervención la mujer no sigue enferma.

En la práctica, pocos especialistas suscribirán dichos certificados, augura el ginecólogo Santiago Barambio, director de la clínica Tutor Médica, uno de los dos únicos centros acreditados en Cataluña por la Generalitat para realizar abortos. "Solo podrán abortar las mujeres enfermas, o las que aseguren que lo están, una situación que dejará a los médicos en completa inseguridad jurídica", añadió Barambio, que preside la asociación española de clínicas autorizadas para hacer abortos.

VUELOS BARATOS "¿Qué médico podrá certificar que una enfermedad tendrá continuidad en el tiempo? --se preguntó el ginecólogo--. El Gobierno ha hecho una ley de aborto para no dejar a España sin ley, pero en la práctica cierra esa posibilidad a la mayoría de las mujeres que intenten abortar".

A juicio de los médicos del sector, aumentarán los abortos farmacológicos en casa --modalidad que no penaliza la ley-- adquiriendo la píldora RU-486 por internet. "Si esas mujeres tienen una hemorragia durante el proceso, lo que es frecuente, podrán ir a un hospital público y pedir asistencia --apunta Barambio--. También es posible que haya más denuncias por violación, para poder tramitar un aborto". El uso regulado de la píldora abortiva RU-486, suministrada y controlada ahora por los centros sanitarios públicos, sí quedará sujeto a los requisitos de la ley, lo que obligará a dichos servicios a contratar la asistencia de uno o dos psiquiatras ajenos a ellos.

Una tercera opción con futuro, a juicio de Barambio, serán las clínicas abortivas situadas fuera de España. "Ahora, a diferencia de lo que ocurría en los años 70 y 80, hay vuelos muy baratos, y volverá a haber agencias de viajes que se especializarán en ofrecer abortos para españolas en el extranjero", asegura.

LAGUNAS La ley Gallardón deja sin resolución numerosas situaciones, entre las que destacan las dificultades a que se enfrentarán las embarazadas a las que, iniciada la gestación, se les diagnostica un cáncer. El hospital en el que reciban tratamiento certificará la enfermedad grave de la madre y la conveniencia del aborto, intervención que habrá de realizar un segundo centro. El requisito enfrentará criterios profesionales y exigirá una tramitación lenta y complicada, temen los médicos, mientras el plazo para interrumpir el embarazo corre. En el resto de España, con la ley del 2010 los abortos se siguieron realizando en clínicas privadas, acreditadas por los diferentes gobiernos autónomos. Estos centros mantienen ahora su autorización.