El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio ayer el visto bueno para que la central de Santa María de Garoña (Burgos), la más vieja del actual parque nuclear español, pueda seguir operando hasta los 60 años, 20 años más de los previstos por la ley española, un decisión sin precedentes. La decisión definitiva queda ahora en manos del Ministerio de Industria y Energía, que ya ha anunciado su intención de abrir «una ronda de consultas» antes de otorgar la licencia. La oposición, incluido Ciudadanos, ya le ha dejado claro su rechazo al poco de conocer la decisión. Le exigen que la deniegue para no poner «en riesgo a la población».
La autorización está condicionada a que los propietarios de la planta lleven a cabo una serie de reformas -«centenares de mejoras», según un miembro del CSN- que en el mejor de los casos podrían tardar un año en ejecutarse y podrían alcanzar un coste de unos 200 millones de euros. Hasta que no las hayan llevado a cabo y hayan sido revisadas no podrán conectarse de nuevo a la red. Garoña lleva parada desde el 2012.
Esta ampliación de la vida útil de la planta burgalesa llevaría aparejada la petición de otras centrales, como es el caso de la extremeña de Almaraz, que ha iniciado el proceso para construir un almacén donde depositar temporalmente los residuos radiactivos.
El responsable de Relaciones Institucionales de la CNA, Aniceto González, confirmó ayer a este periódico la intención de los propietarios de la planta de solicitar también la ampliación de la actividad, si bien aún no tienen claro si esa demanda será para operar otros 10 o 20 años más.
Dado que la renovación de dicha autorización debe conocerse antes de junio del 2020, González confirmó que en los próximos meses prepararán toda la documentación para hacer la solicitud de prórroga, que debe realizarse con tres años de antelación a que expire el plazo máximo otorgado de 40 años.
Según Aniceto González, la central de Almaraz está en perfectas condiciones para continuar funcionando, tras invertir «600 millones de euros» solo en la última década. «Ahora mismo están renovados todos los equipos. Está todo prácticamente nuevo, mejor que cuando se construyó. Se han cambiado turbinas, alternadores, generadores...», afirma.
Asimismo, recuerda que la CNA da trabajo a 2.900 personas entre puestos de trabajo directos e indirectos y que genera el 20% de la energía total que se produce en nuestro país.
EL PLENO / La sesión plenaria del CSN aprobó ayer la autorización sin unanimidad entre sus miembros y compareció dividido en la conferencia de prensa posterior a la reunión. La votación salió adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros (tres propuestos por el PP y uno por el PSOE), mientras que la quinta representante en el pleno, la exministra Cristina Narbona (propuesta también por el PSOE), votó en contra.
Narbona expuso sus dos razones para manifestarse en contra de la propuesta: por vez primera se da un permiso para más de 10 años, lo que incumple la guía de seguridad del CSN, y el operador no ha ejecutado las obras que se le habían impuesto como condición para que se le autorizara la reapertura. El CSN había pedido a los gestores de la central nuclear la creación de un nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra la caída del techo del edificio de turbina y el aislamiento de la contención primaria. El resto de consejeros aseguraron que estas obras están acabadas o muy avanzadas pero que, en cualquier caso, tendrán que estarlo antes de que el reactor pueda arrancar de nuevo.
La intención del Gobierno sigue siendo dar la luz verde definitiva a Garoña pero, ante el rechazo generalizado, Energía ha templado gaitas. «Antes de tomar una decisión, el ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas, partidos y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal. Estas conversaciones, señalaron, pueden durar «unos seis meses» y, tras ellas, el Gobierno tomará una decisión. Luego deberá ser Nuclenor, la propietaria, la que valore si le sale a cuenta darle al botón de arrancado.
Pero más allá de si la planta se reabre o no, la decisión del CSN es clave para el futuro de la energía nuclear en España al sentar un importante precedente en las restantes centrales nucleares españolas, deseosas de prolongar su vida útil más allá de los 40 años que establece la normativa actual.
En cola aguardan ahora otras cinco centrales que en los próximos cinco años deberán pedir autorización si quieren seguir operando más allá de las cuatro décadas. La primera que deberá pasar por el trámite es Almaraz, como antes hemos mencionado.
Un aspecto a tener en cuenta es el problema de Garoña, ya que su reactor BWR-3, fabricado por General Electric, es del mismo tipo que los de la siniestrada central Fukushima. A raíz del accidente de la planta japonesa, en el año 2011, los nuevos requisitos de seguridad impuestos por la Unión Europea obligaban a las plantas en funcionamiento a someterse a unas costosas reformas.
Los responsables de Nuclenor estimaron entonces que las mejoras solo le resultarían rentables en caso de operar la planta hasta el 2031, como mínimo, muy por encima de la edad máxima de funcionamiento prevista por la ley.
En Extremadura se empezaron ayer a escuchar las primeras voces críticas sobre la ampliación de la vida útil de las centrales, entre ellas la de IU y de diversas organizaciones ecologistas.
