A tres días del inicio de una cumbre sin precedentes en la milenaria historia del Vaticano (la reunión mundial contra la pederastia que se celebrará entre el 21 y el 24 de febrero) las distancias entre la Iglesia y los grupos de víctimas desplazados a Roma se antojan insalvables.

El papa Francisco confía en que la reunión de la Protección de la Infancia revierta la crisis más grave que vive la institución, con escándalos de pederastia desenterrados en rincones de todo el planeta, y se convierta en un «poderoso gesto de la pastoral» para afrontar un «desafío urgente». Sin embargo, los grupos de víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos cristianos, apiñados bajo asociaciones como la ECA (Ending Clergy Abuse), desconfían de «gestos» y exigen que de la cumbre salga un compromiso real con la «tolerancia cero».

La reunión se celebrará a puerta cerrada en el Vaticano y comenzará este jueves. Asistirán 114 responsables de conferencias episcopales de otros tantos países. Cada una actuará en representación de las diócesis circunscritas a cada estado, como España. En la extensa y multitudinaria rueda de prensa que ayer ofrecieron Hans Zollner, coordinador del encuentro, Federico Lombardi, moderador, y Charles Scicluna, que dirige las investigaciones de la Doctrina de la Fe, se mantuvo en secreto quiénes y cuántas serán las víctimas que participarán, aunque sí trascendió que algunas lo harán a través de un testimonio grabado (que se proyectará en cada una de las cuatro sesiones) y que otras intervendrán en persona.

«MARGEN» / Zollner, teólogo y psicólogo alemán, ha reconocido a Europa Press que las dificultades para que cristalice en un acuerdo estricto y global de proceder ante los casos de pederastia son mayúsculas. Si las medidas adoptadas no dan cierto «margen» de maniobra a las diócesis, ha admitido, no serán válidas para todos los obispos dadas las diferencias culturales y políticas existentes entre los distintos países. Una limitación que el Vaticano espera hacer conjugable con un avance notable en la protección de la infancia pero que para los grupos de víctimas a todas luces impedirá un final satisfactorio.

Miguel Hurtado, uno de los portavoces de la ECA desplazado a Roma, se preguntaba ayer si este «margen» que ya planea conceder el Vaticano esquivará de nuevo una orden manifiesta e inequívoca por parte de la Iglesia de que cualquier diócesis del mundo debe denunciar a la justicia civil (ordinaria) los casos de abusos de los que tenga conocimiento.

Hurtado es el primer denunciante que reveló a el Periódico de Cataluña que fue víctima de Andreu Soler, el monje de Montserrat fallecido en el 2008 sobre el que ya pesan acusaciones de otras nueve personas.

Peter Isely, portavoz americano de la ECA, dijo que para las víctimas todo se reduce al «número cero» pero ha dejado claro que solo compartirán la «tolerancia cero» vindicada por Francisco si se aceptan sus condiciones.