Bajo la premisa de que la educación es «eje del cambio, herramienta de igualdad y puerta a la economía», el Consejo de Ministros aprueba hoy la nueva ley educativa, que ha estado en un cajón debido al parón legislativo. El anterior Ejecutivo socialista ya la ratificó en su día. De hecho, tenía que haberse debatido en el Parlamento en enero del 2018. Ahora, el nuevo Gobierno vuelve a dar luz verde al proyecto, que implica una derogación de la controvertida Lomce, conocida como ley Wert por el apellido del ministro del PP que la aprobó. Faltan muchos meses para que la nueva ley entre en vigor ya que tiene que ser debatida y pactada en el Congreso y el Senado. El PP ya ha advertido que no la respaldará. Los diputados de Ciudadanos también se muestran contrarios a algunos de sus puntos.
La ley promovida por la ministra Isabel Celaá pone el acento en la educación pública «inclusiva, de calidad y personalizada». Uno de sus objetivos es reducir de forma considerable el alto número de repetidores entre los alumnos españoles (la cifra triplica la media de la OCDE). La nueva norma especifica que si un estudiante tiene que repetir sea una decisión colegiada de todo el equipo docente. Se podrá acceder al título de Bachillerato con un suspenso (uno solo).
Se eliminarán las reválidas (habrá evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y en 2º de la ESO) y también los itinerarios, que implican que los alumnos decidan su camino escolar en función de las asignaturas. En las comunidades con lengua cooficial, la competencia del Estado será del 65% mientras que en el resto de autonomías será del 55%. La prueba de acceso a la universidad, de momento, no se cambiará (no se puede hacer a mitad de curso), pero en todo caso la ministra Celaá sí que descarta realizar una única selectividad en todo el territorio español debido a las competencias que tienen las autonomías.
Religión se seguirá ofreciendo en las escuelas, pero los alumnos que no la escojan no tendrán asignatura alternativa. Harán «otra cosa», que todavía está sin especificar. En todo caso, Religión no contará para la nota media. Todos los estudiantes cursarán una asignatura de valores cívicos y éticos.
ATENCIÓN PERSONALIZADA / La prevención de la violencia machista, las competencias digitales, la autonomía de los centros y la atención personalizada (algo que implica una considerable inversión económica para tener profesores de apoyo que atiendan a los alumnos con dificultades de aprendizaje) está también en el espíritu de la nueva norma.
Celaá insiste en que la escuela concertada -al menos la que no segrega por sexos- «no tiene nada que temer» con la nueva ley, algo que, sin embargo, levanta las sospechas de PP y Cs. Entre otros objetivos de Educación está convertir la FP en unos estudios de primer nivel y aprobar prácticas tuteladas a los profesores antes de ejercer.
EL PP, QUE LA RETIRE/ La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire la reforma educativa. Gamarra consideró que el Gobierno no va por el «camino adecuado» por «imponer» esta reforma que está hecha «de espaldas» a la mitad de la sociedad.
