El presidente de la diputación, Juan Andrés Tovar, se ha reunido con los alcaldes de los municipios de entre 3.000 y 20.000 habitantes para informarles sobre las penas de trabajo en beneficio de la comunidad que establece el Código Penal, y elaborar un borrador de convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el cumplimiento de dichas penas.
Se trata de prestaciones por parte del condenado en actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, tendentes a reparar el daño que con un delito se haya ocasionado. Para el cumplimiento de estas penas "es imprescindible la colaboración de la administración local donde habitualmente residen los condenados, pues es la que puede determinar las tareas que pueden desarrollar".
