En el ojo del huracán, así está Canal de Isabel II desde que el pasado 5 de julio el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y presidente de la empresa, Ángel Garrido, y al día siguiente la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, anunciaran la posibilidad de acabar su actividad en Cáceres y Lanzarote, siguiendo la estela de la decisión adoptada para sus empresas en Latinoamérica. Las declaraciones se realizaron coincidiendo con la primera Junta General de Accionistas tras destaparse la trama Lezo, que implica supuestas irregularidades cometidas en el seno de la empresa de aguas madrileña. Desde entonces, trabajadores y ayuntamiento siguen de cerca los pasos de la contrata del servicio de agua en Cáceres.
Tal es así que ayer, el portavoz del Gobierno, Rafael Mateos anunció tras la junta de gobierno que el consistorio cacereño ha abierto el segundo expediente sancionador a la empresa por incumplimientos en el contrato del servicio. Mateos detalló que superado el segundo año de esta adjudicación del servicio, no se han subsanado las deficiencias de plantilla, medios materiales e inversiones por las que ya fue sancionada en primera instancia con 113.000 euros.
El propio Mateos reconoció en su comparecencia ante la prensa que las últimas noticias sobre Canal han hecho que el equipo de gobierno esté muy atento a cualquier incidencia. De hecho, los Servicios de Inspección municipal han elaborado un informe que refleja que esos incumplimientos, «algunos considerados de mayor gravedad», dijo Mateos, no han sido corregidos tras la primera sanción, por lo que se trata de infracciones «reiteradas» que podrían acabar en una multa mayor. Estimó Mateos que desde el punto de vista jurídico la sanción debe ser superior en cuanto que lejos de corregir se reincide y no se subsanan los incumplimientos contractuales por los que se apremió a Canal de Isabel II en su primer año de contrata.
¿Pero cuáles son esos incumplimientos? Existen hasta 10. Entre ellos, de plantilla: «No se cumplen con los medios personales y hay 11 puestos de trabajo menos de los que se ofertaban en el pliego», aseguró Mateos. Pero hay más, la flota de vehículos no es la acordada, existen fallos en la reposición de contadores y «lentitud» en la ejecución de las inversiones previstas. Además, no se ha presentado el plan director del servicio ni se ha abierto una sede de atención al cliente en el centro de la ciudad, como así prometió la firma madrileña.
A partir de ahora, el proceso de ese expediente sancionador está en marcha. Si la empresa no da respuesta, es decir, no soluciona los incumplimientos, habrá multa económica. Cáceres mantiente con Canal de Isabel II un contrato en vigor, que se firmó en marzo del 2015, que cuenta con una vigencia de 24 años y que se debe cumplir en base a las cláusulas que fija las condiciones del mismo, tanto de aplicación como de rescisión. El contrato con Canal de Isabel II incluye un canon inicial de 30 millones de euros con un exceso de canon de 9 millones en cuatro años, además de inversiones fijas por valor de 13 millones de euros, a ejecutar en 15 años, y mejoras de inversión por valor cercano a 10 millones de euros a ejecutar en los 5 primeros años. Mateos concluyó reiterando la idea que a lo largo de todo este mes ha repetido el equipo de gobierno de Elena Nevado: el servicio está garantizado.
Por otro lado, Mateos ha informado del visto bueno que la Junta ha dado a la empresa Tecnología Extremeña del Litio para realizar prospecciones en la mina de Valdeflores de Cáceres. Con ello la firma podrá investigar en 45 cuadrículas del terreno, cuyos resultados determinarán una futura explotación del yacimiento.
Finalmente, la junta de gobierno ha dado cuenta de la creación de 173 nuevas empresas en la ciudad durante el primer semestre del año, de la contratación de tres educadores sociales y de la concesión de más de 60.000 euros a las asociaciones de vecinos.
