Los nueve imputados en el caso de la red de prostitución desmantelada en junio del año pasado en Cáceres, que tenía además ramificaciones en Plasencia, La Coruña y Alicante donde explotaban sexualmente a jóvenes extranjeros en pisos, se enfrentarán a penas de prisión que oscilan entre los 9 y los 28 años de cárcel, según la petición de condena que realiza la fiscal del caso, Yolanda Fortes, en sus conclusiones provisionales.
La instrucción del sumario ha concluido y se está a la espera de poner fecha al juicio. Se sentarán en el banquillo solo nueve de los diez implicados --tres mujeres y siete hombres--, ya que uno de los presuntos cabecillas, el venezolano Javier David C. R., sigue en paradero desconocido sin que la orden internacional de búsqueda y captura dictada contra él haya dado resultados hasta el momento.
Ocho de los procesados, entre ellos la madre, una hermana y el novio de Javier David C. R. y tres transexuales, están en prisión desde que fueron detenidos hace un año por los agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Cáceres.
DELITOS La fiscal les imputa varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de aprovechamiento de la prostitución e incluso delitos contra la Administración de Justicia a dos de los encausados por amenazar a algunos testigos con posibles represalias si declaraban ante el tribunal inculpándoles.
Precisamente en la causa ha sido crucial el testimonio de cinco testigos protegidos, todos ellos víctimas presuntamente de la explotación sexual de los acusados. Según el relato de los supuestos hechos que les imputa la Fiscalía, estos regentaban varios pisos en Cáceres (calle Argentina), Plasencia (calle La Salle), La Coruña (calle Benito Blanco Rajoy) y Alicante. En ellos obligaban a varios jóvenes extranjeros, hombres y mujeres, a prostituirse. La policía que investigó el caso calculó en su día que el grupo venía operando en la región desde hacía unos 5 años.
El cabecilla, apodado La millonaria por el ostentoso tren de vida que lleva en su país, y su madre eran los encargados de captar en Venezuela o Brasil a sus víctimas con promesas de empleos en España. Una vez aquí, les retiraban los papeles o les obligaban a pagar deudas desorbitadas por el viaje y su estancia prostituyéndose. Javier David C. R. llegó incluso a engatusar a dos jóvenes con los que mantuvo relaciones sexuales.
Las víctimas rotaban de una ciudad a otra para renovar la oferta ante los clientes y en los pisos vivían sometidos a un régimen casi carcelario. La trama fue descubierta a raíz de la denuncia del cliente de una de las jóvenes en Cáceres. Esta le contó la situación en la que se hallaba y él lo puso en conocimiento de la policía.
