Quince años y medio de prisión y casi 29.500 euros de multa son las penas que el Ministerio Fiscal solicita para el venezolano Javier David C. R., presunto cabecilla de una red dedicada a la prostitución de chicos en pisos de la ciudad.
Fue en junio del 2007 cuando ´cayó´ su banda, prácticamente idéntica a la mafia dirigida por un brasileño de cuya desarticulación a nivel nacional informó ayer la policía, pero Javier David C. R. logró huir. Por este motivo evitó el juicio que el 1 de octubre del 2008 se celebró contra los 9 detenidos en la operación --tres transexuales brasileños, un hombre y una mujer de la misma nacionalidad y cuatro venezolanos--, de los que dos fueron condenados a 10 años de prisión cada uno, un tercero a 6 años y el resto fue absuelto.
Javier David C. R., cabecilla de la red, evitó aquel juicio, pero no a la Justicia, pues el próximo día 27 se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, dos delitos de aprovechamiento de la prostitución y un delito contra la Administración de Justicia.
Son los delitos que le imputa la fiscal encargada del caso y por los que pide se impongan al acusado 15 años y medio de prisión y 29.220 euros de multa --7 años y 6 meses de cárcel por el primero de los delitos citados, 3 años de prisión y 10.960 euros de multa por cada uno de los dos delitos de aprovechamiento de la prostitución, y 2 años de prisión y 7.300 euros de multa por el último delito citado--.
LOS HECHOS La fiscal considera probado que Javier David C. R., conocido como ´la millonaria´, contactaba en su país con chicos en precaria situación económica a los que convencía de lo fácil que era progresar en España y les animaba a trasladarse hasta este país ofreciéndose a ayudarles económicamente.
Pero una vez aquí, señala la fiscal en su escrito de calificación de los hechos, "les comunicaba que debían dedicarse a la prostitución para pagar lo adeudado por el viaje y la estancia", lo que hacían en pisos utilizados por la red como prostíbulos --solo en Cáceres llegaron a tener hasta cuatro casas de citas abiertas al mismo tiempo--.
El acusado, presunto cabecilla de la red, se encargaba de concertar las citas con los clientes, recibirles, cobrarles los servicios...; y retenía el 50% de los ingresos que por su prostitución recibían los jóvenes, que con el resto debían sufragar los gastos de manutención y abonar las multas que se les imponían en caso de incumplir las normas.
Algunos de los chicos, tres de los cuales declararán en el juicio como testigos protegidos, consiguieron poner los hechos en conocimiento de la policía y cuando el caso llegó ante la justicia llegaron a recibir amenazas.
