El solar que ocupó el complejo recreativo de La Cañada y los terrenos circundantes están en venta. Son 2,2 hectáreas situadas entre el residencial del mismo nombre y la rotonda del ferial. Las instalaciones de La Cañada se precintaron en 1991, y sus piscinas fueron durante años con las de la Ciudad Deportiva y las del parque del Príncipe la única oferta pública en Cáceres.

Los terrenos son de propiedad privada, de cinco hermanos, y sus posibilidades de uso son bastantes, aunque en el plan general de urbanismo se excluyen las utilidades residencial y de comercio minorista. Los 22.000 metros cuadrados en venta se reservan en la normativa municipal para equipamientos genéricos, y en estos terrenos se pueden construir hoteles y residencias, centros de ocio y recreativos, colegios, centros culturales, recintos sanitarios y religiosos, complejos deportivos, garajes y estacionamientos o almacenes en los que se autoriza la venta al por mayor. Al norte del solar de La Cañada las parcelas quedan para espacios libres y equipamientos industriales del polígono de la carretera de Mérida.

UNA INDEMNIZACION POR DAÑOS

El principal valor de los terrenos de La Cañada para su uso en dotaciones de servicios es su ubicación, en la entrada sur a Cáceres. Además, el casco urbano se ha extendido hacia esta zona con las 500 viviendas del residencial de La Cañada y las 850 que se van a construir entre el Nuevo Cáceres y el antiguo campo de aviación. "No está vendido, pero sí hay ofertas que hay que estudiar", indicaron fuentes próximas a la operación de venta, que añadieron que el precio "aunque se parte de 120 euros/metro cuadrado, es negociable".

Las piscinas se cerraron en 1991, en una de las primeras decisiones de la corporación que entró en el ayuntamiento en el mes de junio de ese año. En una resolución firmada por el alcalde en julio se ordenaba precintar las instalaciones por falta de licencia de apertura y por no cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias necesarias. Otro de los motivos que entonces se dieron fue que la deuda con el ayuntamiento por impago de la tasa de agua ascendía a unos 30.000 euros. El 31 de julio de 1991 fue el último día que se abrieron las dos piscinas de La Cañada.

La decisión del ayuntamiento dio lugar a un largo proceso judicial, al no llegarse a un acuerdo en la vía administrativa, iniciado por la sociedad que gestionaba las instalaciones de La Cañada, que en su defensa argumentó que en las inspecciones realizadas por la Consejería de Sanidad quedaba demostrado que el recinto reunía los requisitos exigidos para estar abierto. En una sentencia, de mayo de 1994, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ se falló a favor del demandante, la sociedad La Cañada Cáceres SL, se ordenó levantar el precinto y se reconocía que la sociedad tenía derecho a una indemnización por daños y perjuicios.

Pero las instalaciones no se abrieron y se siguió con el procedimiento judicial, ya que en la sentencia no se cuantificaba la indemnización a percibir. En junio del año 1996, un lustro después del cierre de las piscinas, en un auto judicial se condenaba al consistorio al pago de 180.300 euros.