Cáritas Diocesana denuncia que en Cáceres se están produciendo casos de fraude en el proceso abierto desde el 7 de febrero por el Gobierno para la regularización de los inmigrantes. Según confirmaron responsables de este órgano de la Iglesia, a los extranjeros se les ofrece la posibilidad de lograr un contrato de trabajo por cantidades que oscilan entre 3.000 y 4.000 euros (500.000 y 665.000 pesetas).

En este sentido, Rachid El Quaroui, técnico del programa de inmigrantes de Cáritas, asegura que los contratos "se venden" en el sector agrícola en la zona de Navalmoral y Talayuela. "Antes una oferta de trabajo se vendía por 60 euros y ahora sube el precio por hacer un contrato con el compromiso por parte del empresario de darle de alta dentro de un mes. Es un secreto a voces", subraya. Este experto añade que los fraudes se están produciendo mediante intermediarios marroquíes o directamente con los empresarios. "Antes era un oferta de trabajo y ahora es un contrato", recuerda.

Rachid indica que "la víctima" es siempre el inmigrante sin papeles. "Imagínate a uno que lleva tres o cuatro años esperando una oportunidad y luego al final le imponen esas condiciones. ¿De dónde puede sacar ese hombre el dinero si no puede trabajar o ahorrar?", afirma.

TRABAS BUROCRATICAS Cáritas denuncia también las dificultades que los inmigrantes encuentran en el proceso burocrático para regularizar su situación. "En el caso marroquí, piden el certificado de antecedentes penales y no saben que debe ser la persona interesada la que se presente físicamente y pedirlo en su país", señalan. Jesús Moreno, delegado de Migraciones de la diócesis de Coria-Cáceres, indica que en su análisis del desarrollo del proceso que en el sector doméstico hay "miedo" a realizar contratos a los inmigrantes. "Si no hacen contratos a las personas inmigrantes se quedan sin un requisito fundamental para normalizar su situación", dice.

Una reflexión que apoya Vicente Granado, de Cáritas Parroquial de San Mateo, que apunta que la mayoría de las mujeres inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico no lo hacen a jornada completa, sino por horas, "Tienen el inconveniente de estar de una casa a otra", afirma. A pesar de ello, Cáritas apela a la conciencia de las familias cristianas para que cumplan "esta obligación de justicia y solidaridad".

Sobre si se están produciendo despidos de inmigrantes, Cáritas carece de datos al respecto, aunque señala que los empresarios agrícolas están retrasando la contratación de inmigrantes por estar fuera de temporada. "Hablamos con Cruz Roja de Talayuela y nos han dicho que la siembra va retrasada. Los empresarios no se atreven a contratar porque tienen tiempo hasta final del período. En Talayuela está la gente a la expectativa".

Según los datos que maneja Cáritas, en la provincia hay de 8.000 a 10.000 inmigrantes documentados, de los que 2.600 pertenecen a la diócesis y unos 800 viven en la capital cacereña. Este órgano de la Iglesia ofrece dentro de su programa para inmigrantes diferentes servicios de acogida y atención básica, asesoramiento y formación, además de tareas de sensibilización y la formación de la sociedad y de la comunidad cristiana.

En estos trabajos participan directamente las distintas parroquias cacereñas para responder a las necesidades inmediatas de los inmigrantes. Los servicios diocesanos de Cáritas y los proyectos de las parroquias desarrollan juntas el programa específico denominado Cáceres Acoge que incluye diferentes acciones.