En la Audiencia Provincial de Madrid comenzó ayer el juicio contra Jesús Jiménez Silva, acusado de matar a su mujer, Tamara Simón, hace dos años al arrojarla de una furgoneta en marcha en la carretera A-66, en el término municipal de Cáceres. La sesión durará hasta el 15 de marzo. Ayer se llevó a cabo la selección del jurado que juzgará al investigado y la exposición de los hechos por parte de las partes implicadas en la causa. Está previsto que esta mañana comience la declaración de Jesús Jiménez Silva.
El juicio se lleva a cabo con fuertes medidas de seguridad y con la presencia de agentes antidisturbios, dado que el caso enfrenta a dos clanes diferentes de familias de etnia gitana. De hecho, ya hubo problemas en instrucción entre ambas familias, según informan fuentes jurídicas.
Se le acusa por un delito de homicidio, un delito de violencia habitual, un delito de maltrato en el ámbito familiar y un delito continuado de amenazas. El fiscal solicita que se le imponga la pena de veinte años de cárcel. La acusación particular le acusa de los mismos delitos solo que, en lugar de homicidio, lo considera asesinato, por lo que pide para él la pena de 23 años de prisión.
El procesado mantiene la misma versión que al principio y sostiene que fue su mujer la que se tiró de la furgoneta en marcha. «Lo que ocurre es que hubo una discusión. La mujer se apeó con el vehículo en marcha y se golpeó. Estoy plenamente seguro de ello. Nuestra línea de defensa es de pedir su absolución», destacó a Europa Press el abogado de la defensa, Carlos Sánchez. «Se cayó con un fatal desenlace», insistió.
Por su parte el letrado de la acusación, Aurelio Aranda, que representa a la familia de la fallecida, sostiene que los informes de la Guardia Civil desmontan su versión. De hecho el informe del forense revela que ella intentó zafarse de los golpes y que, tras tirarla, le golpeó la cabeza contra el asfalto, por lo que falleció.
VIOLENCIA DE GÉNERO / Aranda incidió ayer en la necesidad de analizar los antecedentes de lo ocurrido ya que «hay pruebas nutridas en el sumario que demuestran que la joven era víctima de violencia de género». «Los vecinos y la familia son testigos de los golpes y de las amenazas que sufrió Tamara. Ella no denunció. Solía salir a la terraza a pedir auxilio y los vecinos llamaban a la policía. Pero no denunció», explicó el abogado madrileño Aurelio Aranda.
Los hechos ocurrieron en marzo del 2015, cuando el matrimonio volvía a Madrid después de haber estado vendiendo en el mercado franco de la capital cacereña. Ambos mantenían una relación sentimental de dos años y tres meses y estaban casados por el rito gitano. Convivían en Madrid con su hijo de 18 meses, que ahora tutelan sus abuelos maternos (su padre, Jesús Jiménez, está en la cárcel desde que ocurrieran los hechos).
El fiscal en su escrito de acusación sostiene que sometió durante «todo el transcurso de la relación de pareja a la mujer a constantes actos de hostigamiento, controlando aspectos personales de vida, como las personas con las que se relacionaba y las comunicaciones que mantenía con ellas».
Y añade que «la situación de sometimiento y control también la ejecutaba profiriéndola constantes humillaciones, menosprecios, culminando con agresiones físicas y golpeándola por todo el cuerpo, lo que causó en ella un permanente estado de angustia, ansiedad, desasosiego y temor, generando este comportamiento en el núcleo familiar una situación de temor y depresión». Llegó incluso a tirarla por las escaleras cuando estaba embarazada.
El Ministerio Público cree que el día del homicidio ambos comenzaron una discusión, por lo que el acusado detuvo el vehículo en seco en la carretera y comenzó a agredir violentamente a la mujer, quien logró, a duras penas, descender del coche hiriéndose en el tobillo. Acto seguido, él bajó de la furgoneta y le dio fácil alcance. A continuación, la arrojó violentamente hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el asfalto.
