La Comisión Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Cáceres ha dictaminado favorablemente a la revisión salarial de los empleados públicos aunque, a propuesta de los sindicatos, en el primer semestre de 2018 se tendrá que negociar y aprobar un nuevo acuerdo-convenio.

El actual acuerdo, que surgió de la negociación "in extremis" del Gobierno local y las tres centrales sindicales con representación, CCOO, UGT y CSIF, incluye como punto primero integrar las cantidades que se perciben por algunos trabajadores del ayuntamiento con la denominación de incremento específico '99' y el incremento del '05' para todos los puestos de trabajo.

Es decir, que el incremento afecta a todos los trabajadores: los grupos A1, A2, C1, C2 y la agrupaciones profesionales.

Esta medida será con carácter retroactivo a 1 de enero de 2017.

El segundo de los puntos es proceder en el ejercicio 2018 al reconocimiento del nivel 2 de la carrera profesional a los trabajadores que reúnan los requisitos que se acuerden, con el abono del 60 por ciento de este nivel en 2018 y del 70 en 2019, siempre que se respeten los límites que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En el caso de que no pudiese llevar a efecto el pago de los porcentajes del nivel 2 de la carrera profesional, previsto en 2018 (como consecuencia de superar los límites de incremento retributivo establecidos con carácter básico por las leyes presupuestarias), las cuantías resultantes se abonarán en el año 2019, con el correspondiente el porcentaje previsto para ese año.

El tercer punto es la revisión de un nuevo acuerdo-convenio en el próximo semestre, que "regule las condiciones de trabajo de los empleados públicos bajo el principio de la buena fe negocial, e incluye la revisión y actualización de cuestiones como las dedicaciones, guardias localizadas o compatibilidades, entre otras".

La aprobación ha contado con los votos favorables de PP y C's y la abstención de PSOE y CCTú, que en la anterior comisión votaron en contra del acuerdo que ya se había aprobado en la mesa de negociación.

Esta aprobación zanja la polémica surgida con los sindicatos y anula su calendario de movilizaciones.