Calles, cruces, escudos, inscripciones, placas de viviendas... Todos los elementos que supongan una exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de 1936, de la guerra civil y de la dictadura franquista, serán chequeados a lo largo y ancho de la provincia cacereña. El objetivo consiste en crear el primer catálogo de vestigios de este periodo para, una vez elaborado, determinar pueblo a pueblo si es necesaria su eliminación y dar cumplimiento a la Ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica, que obliga a acabar con los restos que ensalzan este periodo. En Badajoz se ha realizado el mismo proceso y el catálogo se ha completado en un año. En Cáceres se prevé un periodo similar.

El paso más decisivo ya se ha dado. La Diputación de Cáceres, que abandera esta iniciativa, acaba de constituir el Comité de Expertos de la Memoria Histórica, formado por un presidente y seis vocales, todos ellos técnicos y especialistas en historia y memoria histórica, que comenzarán a trabajar en el catálogo y en el asesoramiento a los 223 municipios cacereños. «Verdaderamente es una comisión heterogénea, poliédrica, integrada por personas que no somos políticos, sino expertos en la materia, procedentes de distintos campos. En ella está representado el cuerpo social», explica Julián Chaves, presidente del comité, profesor titular de Historia Contemporánea de la Uex acreditado a catedrático, director del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura durante una década, y autor de numerosos libros.

En primer lugar, hay que dejar clara una cuestión. ¿Por qué se hace? La respuesta es clara: por mandato de ley. En concreto, de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007 por el PSOE con apoyos de IU-ICV, CiU, PNV y CC, y con la oposición de Esquerra Republicana y el PP, si bien el Grupo Popular apoyó los artículos referidos a la mejora de indemnizaciones. Esta falta de consenso ha ido retrasando su aplicación, que ahora se inicia en Cáceres. Concretamente, el artículo 15, de ineludible aplicación, recoge que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas».

LOS MUNICIPIOS COLABORAN

De acuerdo con esta norma, «no se trata ni mucho menos de llevar a cabo actitudes unipersonales o unilaterales, solo del cumplimiento de la ley», afirma el presidente del comité. Además, «es cierto que muchos ayuntamientos han comenzado ya expedientes de cambio de calles u otros motivos, que hay una muy buena disposición, y algunos incluso ya cumplen con la ley, pero también surgen muchas dudas que deben ser resueltas por expertos», declaró la presidenta de la Diputación al constituirse recientemente el comité. En este sentido, todos los ayuntamientos cacereños han suscrito un anexo en el que se comprometen a cumplir la ley y a realizar los expedientes de retirada. «No hay ninguno que se haya negado a firmar», apuntó Cordero, para quien suprimir los vestigios será «tarea fácil una vez que esté hecho el catálogo».

En base a ello, el Comité de Expertos de la Memoria Histórica de la Diputación de Cáceres iniciará la primera fase de análisis y diagnóstico en la provincia. Para tal fin solicita a los ayuntamientos expresamente su colaboración (estos restos son competencia de los municipios) y les ofrece una serie de criterios «que nosotros llamamos de valoración, para la clasificación de estos vestigios de la sublevación militar, la guerra civil y el franquismo», explica Julián Chaves. «En concreto se establecen tres categorías: topónimos, símbolos y placas de vivienda», precisa.

MILITARES, POLÍTICOS, JUECES...

En cuanto a los topónimos, se incorporarán al catálogo los que hacen mención a personajes del bando nacional, «por ejemplo nombres de calles referidas a Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera, también a personajes regionales y provinciales que tuvieron una implicación manifiesta, y a personajes locales con un claro predicamento en estas cuestiones, incluidos jueces, militares que participaron en hechos bélicos o represivos, y políticos», apunta el historiador. En los topónimos también se contemplan hechos o lugares que representen una exaltación de lo que fue esta etapa, y los nombres referidos a instituciones o entidades como División Azul, Escuadrilla Azul, Crucero Baleares...

En segundo lugar, el catálogo recogerá los símbolos referidos al citado periodo, por ejemplo escudos franquistas, placas antiguas de calles, lápidas, inscripciones o cruces franquistas en las que veces se ha modificado el texto original, pero son elementos que deben someterse al análisis del comité de expertos. Respecto a las cruces u otros elementos que pudieran estar en las iglesias, hay que recordar que no entran dentro de este proyecto, puesto que su campo de acción son los ayuntamientos. «La Iglesia queda aparte del catálogo pero sí podemos recomendarle la retirada de ciertos elementos. Por ejemplo, en Badajoz se ha llegado a un convenio entre la Diputación y la Iglesia para proceder a erradicar esos símbolos», explica Julián Chaves, que también formó parte de la comisión de expertos de la provincia pacense.

Y en tercer lugar, tras topónimos y símbolos, el catálogo incorporará las placas de viviendas, muy conocidas por el símbolo de Falange que acompaña a la obra social correspondiente o al instituto de la vivienda de la época.

Con los criterios facilitados por la comisión, los ayuntamientos elaborarán fichas que luego se volcarán en el catálogo. «Esperamos una respuesta del cien por cien de los municipios, que ya han remitido a la Diputación una declaración responsable. El envío de las cartas a cada uno de ellos es inminente con los criterios de valoración y las fichas», señaló el historiador. Respecto al número de vestigios franquistas, el comité no quiere pronunciarse hasta que avance el chequeo porque en la provincia cacereña faltan estudios de campo. Posiblemente sean menores que en la geografía pacense por ser más pequeña y porque este periodo fue menos intenso por circunstancias históricas.

ACTUACIÓN DEFINITIVA

En cualquier caso, una vez cotejados y comprobados todos los vestigios, y redactado el catálogo con los que efectivamente no cumplen la ley, el comité adoptará la propuesta de actuación definitiva de aquéllos que recomienda eliminar a los ayuntamientos. «Simplemente se trata de cumplir la ley», recuerda Julián Chaves. Diputación espera la colaboración de todos los municipios también en esta fase final, puesto que así lo han expresado. En Badajoz, el mismo proceso ha sido secundado por 163 consistorios con solo dos excepciones en los casos de Guadiana del Caudillo y la capital pacense.

Julián Chaves se ha mostrado muy claro: «Vamos a trabajar sin prisa pero sin pausa; queremos hacer un trabajo bien hecho, como el que hemos realizado en Badajoz». Durante los próximos meses se avanzará paulatinamente en la revisión pueblo a pueblo.