El Juzgado de lo Penal ha condenado a once meses de prisión y a pagar una multa de 1.700 euros aproximadamente a una trabajadora de la Diputación de Cáceres, por un delito de falsedad en un documento mercantil, y por otro de estafa en grado de tentativa contra la institución provincial. La condenada es una trabajadora, Cristina H. B, y los hechos que se le imputan se remontan a abril del 2005, cuando presentó una instancia en la diputación solicitando el abono de 2.142 euros por los gastos que le había ocasionado un arreglo bucal de su hija, y haciendo uso de lo dispuesto en el convenio colectivo de la corporación aprobado en el año 2003, que establece compensaciones de hasta el 75% del coste de algunos tratamientos dentales.

LO BORRO CON TIPEX Tras serle requerida por los servicios de la diputación, la mujer presentó dos facturas para justificar el gasto que reclamaba: una por importe de 1.500 euros y otra por 1.406 euros, aunque lo hizo modificando el verdadero importe que justificaban y la fecha de emisión de una de ellas. Concretamente, y según reconoció la propia acusada durante el juicio, en una de las facturas, que originalmente era de 500 euros, le añadió un 1 a esta cifra para que fueran 1.500 euros. En la segunda de las facturas aportadas, con fecha de abril del 2003 --antes de que el convenio entrara en vigor-- y originalmente por un importe de 40 euros, incluyó un 1 y un 6, de forma que la cantidad justificada pasaba a ser de 1.460 euros. Además tachó con tipex el año de emisión del documento y lo sustituyó por el 2005, cuando el convenio ya recogía este tipo de ayudas para los trabajadores de la institución provincial.

Ambos documentos levantaron las sospechas de la diputación --que se había enfrentado a un caso similar con anterioridad-- y comprobaron que las facturas aportadas no se correspondían con las que habían solicitado a la clínica dental que las emitió y en la que se había tratado a una hija de la acusada. La trabajadora reconoció las manipulaciones, que realizó ella misma según declaró, y justificó las modificaciones de ambas facturas explicando que la cifra global se correspondía con la suma que había abonado a la clínica dental que había llevado a cabo el tratamiento a la menor.

En la sentencia se ha tenido en cuenta que la mujer pretendía estafar una cantidad mayor a lo que había abonado, pero también que el delito de estafa lo es en grado de tentativa, ya que no se llegó a ocasionar perjuicio económico a la institución.