Canal de Isabel II Gestión, empresa que tiene la concesión del abastecimiento y depuración del agua, aplica desde enero el quinto convenio estatal del sector del agua. El anterior comité de empresa, a través de los servicios jurídicos de UGT, interpuso una demanda ante el juzgado de lo Social. No ha habido acuerdo en la mediación y se irá a juicio. La demanda es contra la aplicación del acuerdo estatal al seguir vigente el convenio que Canal, en su anterior etapa al frente del servicio, firmó para los centros de trabajo de Cáceres.
La empresa sostiene que el convenio que firmó para Cáceres está denunciado desde noviembre de 2010 y que el acuerdo estatal se está aplicando en todos los centros de Canal de Isabel II Gestión. Frente a esta posición, los servicios jurídicos de UGT mantienen que la prórroga del convenio de los centros de Cáceres sigue vigente, argumento que se fundamenta en sentencias, como en una resolución del juzgado de lo Social que recuerda que en una de las cláusulas de este convenio se establece que "denunciado el convenio y hasta tanto no se logre uno nuevo (con un acuerdo entre la empresa y los trabajadores) se mantendrá en vigor en todo su contenido".
Aunque el convenio estatal del agua prevé revisiones salariales (del 1% para 2015 y del 1,5% para 2016), se demanda que se siga aplicando el acuerdo de los centros de Cáceres por las mejoras sociales que recoge (estudios, médicas, seguros, horarios, oculares...) y que ahora están congeladas dado que Canal de Isabel II Gestión aplica en sus centros laborales, también en el de Cáceres, la ley presupuestaria de Madrid al ser una sociedad de capital público participada por administraciones (consistorios y la comunidad autónoma) de Madrid. El hecho de que se apliquen en Cáceres normas de la comunidad de Madrid es cuestionado por el comité de empresa.
Por otra parte, el portavoz del gobierno local, Rafael Mateos, comentó ayer que antes de obligar a la empresa a que cumpla con la plantilla que ofertó (98 trabajadores) se esperará al informe de la inspección de servicios municipales sobre la revisión del contrato del agua propuesta por Canal. La plantilla actual es de 89 trabajadores según la inspección de servicios y de 93 según la empresa, que en la revisión justifica que la falta de personal se suple con el aumento salarial del 11% que se aplicó tras sentencias judiciales. "Habrá que ver si con esos costes de personal se está cumpliendo el pliego. Si no es así, se instará a Canal a cumplir" con la plantilla que ofertó, explicó Mateos. Sobre la incidencia que la revisión tendría en la tasa que paga el usuario y si la misma se puede subir sin que hayan pasado cuatro años desde la firma del contrato con Canal, Mateos detalló que serán los informes de los servicios jurídicos del consistorio los que digan "si cabe o no" la revisión y una subida.
