El Defensor del Pueblo ha incluido al ayuntamiento cacereño en el informe de gestión que eleva cada año a las Cortes Generales, por no remitirle ninguna información sobre los ruidos de la ronda norte. La institución ha demandado una respuesta municipal en reiteradas ocasiones ante las quejas de los vecinos del R-66, pero al no recibir contestación ya ha inscrito al consistorio en esta especie de lista negra donde figuran las instituciones que "entorpecen de algún modo labor de nuestra oficina", explica el gabinete de comunicación.
El informe se entregará al presidente del Congreso esta misma semana y se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Más tarde será abordado en la comisión mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor. "Incluye los nombres de varias administraciones, desde ministerios hasta ayuntamientos, pero no tiene consecuencias ejecutivas como sanciones o multas, aunque las instituciones suelen colaborar si se ven en la lista", indica el gabinete.
El asunto se remonta a marzo del 2005, cuando esta oficina admitió la queja del R-66 donde se registran hasta 110 decibelios a causa del tráfico, muy por encima de los 69 aconsejables como máximo. "La pantalla arbórea no sería suficiente si estuviese bien formada, pero ni siquiera existe. Los setos se secan y los olivos no sirven para este fin", lamenta Felipe Moreno, miembro de la directiva vecinal. Los residentes piden una pantalla efectiva, preferiblemente de polimetacrilato.
El ayuntamiento, actual propietario de la ronda, se dirigió a la Junta como ejecutora del proyecto para que subsanara las deficiencias, pero a día de hoy ninguna institución se hace cargo. El consistorio tampoco ofrece respuestas concretas a los vecinos, con los que se reunió en mayo. "Seguiremos adelante, que nadie piense que cederemos por hastío", subraya la directiva.
