Esta semana el ayuntamiento y la diputación han acercado posturas sobre la deuda que el primero tiene con la segunda. La institución provincial se ha convertido en el principal acreedor del consistorio una vez que el juzgado desestimó la liquidación del contrato del agua presentada por Acciona, empresa que reclamaba 9 millones. Su deuda está a la par de la de Caixabank por la operación de crédito de 8,7 millones que el ayuntamiento contrató en el verano de 2014 para afrontar el pago de expropiaciones.

El ayuntamiento adeuda 8,4 millones a la diputación, aunque en la quinta parte de este débito hay diferencias, discrepancias que se empezaron a solventar en el encuentro del miércoles entre el diputado Alfonso Beltrán y la edil María Guardiola, a quienes acompañaban técnicos de cada organismo.

El motivo por el que se ha llegado a acumular una deuda tan elevada por el servicio de prevención y extinción de incendios que la diputación presta al ayuntamiento se explica en las liquidaciones de los presupuestos municipales de los últimos años. Se planificaba una cantidad al principio del ejercicio y al final del mismo no se había pagado nada o solo una parte.

Así en 2008 se presupuestaron 1.489.086 euros (cantidad que se modificó a la baja y quedó en 1.356.286) y al cierre del año quedaban sin pagar 689.086. En 2010 y 2011 se planificaron pagos por 1.189.086 y a 31 de diciembre no se había abonado nada. 2012 se cerró con 1.927.919 euros de obligaciones pendientes de pago. En 2013 y 2014 se acabó el ejercicio debiendo lo mismo que se había presupuestado (1.596.780 euros en el primer año y 1.386.513 en el segundo). La excepción fue 2009; aunque se terminó con una deuda de 1.189.086 euros, durante el año se pagaron 2.576.238 ya que ese verano se concertaron las operaciones de crédito vinculadas al canon del agua que permitieron atender parte de la deuda general del ayuntamiento. El débito con la diputación por el servicio de bomberos se fue acumulando porque dentro de cada año no se pagaban las cantidades previstas. Era un compromiso de pago que se relegaba para atender otros.

En 2015 se afrontó por ambas administraciones cómo atender esta deuda. Ese mismo año ya se mejoró el cumplimiento del presupuesto (a su cierre se habían pagado 1.100.000 euros y quedaban pendientes 315.378, que se abonaron en 2016). En mayo de 2015 se firmó un convenio que permite al ayuntamiento afrontar su deuda con la diputación anterior a esa fecha en diez anualidades (665.834 euros al año) sin tener que pagar intereses de demora.

En esos 6,6 millones recogidos en el convenio hay acuerdo, algo que no se produce con las otras dos cantidades que completan la deuda que la diputación reclama. Una es lo que queda por abonar de 2016, faltan 997.975 euros, y la otra es una liquidación complementaria de 2014 y 2015 que asciende a 810.000. El ayuntamiento no se niega al pago de la primera, pero quiere más explicaciones sobre los costes que se imputan y la liquidación de 2016. En la segunda es donde hay más diferencias que se intentarán resolver en la contestación por la diputación del recurso puesto por el ayuntamiento. Lo que se hizo en la reunión del miércoles fue poner las bases para que el consistorio tenga acceso a más información sobre los gastos que le imputa la diputación y que no se repitan las diferencias del último año, además del compromiso del ayuntamiento de que no vuelva a pasar lo de años anteriores con la acumulación de la deuda.