La difícil situación por la que está pasando el grupo empresarial del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tiene su incidencia en Cáceres. Una de sus empresas, Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), tiene la concesión del servicio de autobuses desde hace veinte años. La empresa se mantiene por ahora en Cáceres, como adelantó ayer este periódico, pero continúa con su pretensión de vender, según afirmaron ayer los delegados sindicales de los trabajadores del servicio y el ayuntamiento, mientras que por parte de Busursa no hubo manifestaciones ni a favor ni en contra de esta afirmación. "No lo sé", comentó ayer José Manuel Domínguez, directivo de la compañía. Tampoco desde Trapsa, empresa de transportes del grupo de Ferrán, se dio respuesta a las preguntas de este diario.

El comité de empresa se entrevistó ayer por la mañana con Miguel López, concejal delegado de Contratación, y con el responsable técnico de Inspección de Servicios. El primer asunto que se trató en la cita de los delegados sindicales y el ayuntamiento era qué medidas adoptará el consistorio en caso de que la compañía de Díaz Ferrán no pueda seguir pagando a los trabajadores, sobre todo porque el Ayuntamiento de Cáceres adeuda aún más de seis millones a Busursa.

El servicio de autobuses en Cáceres cuenta con 38 vehículos, nueve líneas, además de la del campus universitario, y con una plantilla de un centenar de trabajadores. Lo usan más de cinco millones de usuarios al año.

"La empresa está pagando y cumpliendo, pero nos interesaba saber qué hará el ayuntamiento si la empresa no puede pagar", indicó Tomás Calderón, que preside el comité de empresa. "Nosotros no podemos pagar directamente a los trabajadores porque la relación es con la empresa, aunque el servicio siempre estará garantizado, en último caso el ayuntamiento se hará responsable para que continúe funcionando", comentó López.

"Ahora mismo todo funciona con normalidad, igual, sabemos que está en venta, pero nadie la ha comprado todavía", añadió Victoriano Campos, uno de los miembros del comité de empresa en representación de CSI-CSIF. Calderón, delegado de UGT, dijo que el grupo Avanza "estuvo aquí, pero no compró", y añadió que otra empresa de la que se ha hablado es de la que gestiona el autobús urbano en Elche (grupo Costa Azul). "Conocemos extraoficialmente que hay más de una empresa --interesada--", manifestó López, que, no obstante, indicó que es un asunto que compete directamente a Busursa.

El grupo Avanza sí cerró con Trapsa hace un mes y medio la compra de las concesiones del servicio de autobuses de Getafe y Parla. La primera se la compró a Autobuses Urbanos del Sur. "Negociaciones actuales no hay", según recalcaron ayer desde el servicio de comunicación del grupo Avanza, que solo confirmó las compras de Parla y Getafe y no hizo ninguna valoración más sobre otras ciudades.

DEFICITARIO El problema para Busursa en Cáceres es que la concesión de Getafe ya no pertenece al grupo empresarial de Díaz Ferrán. El servicio de autobuses es deficitario y se produce un desfase entre lo que la empresa ingresa de la recaudación de billete, bonobús y tarjeta y la aportación que debe poner el ayuntamiento para cubrir el déficit del servicio. Hasta ahora ese desfase se cubría gracias a las aportaciones de Getafe, pero la empresa en Cáceres ya no tiene esa opción.

Por eso ahora Autobuses Urbano del Sur necesita más que antes que el consistorio adelante el dinero que adeuda a la empresa. Los delegados sindicales del comité hablaban ayer de una deuda de "alrededor de siete millones de euros", mientras que por parte del edil se cifraba en "seis millones y pico". El ayuntamiento ya abonó una parte de la deuda el pasado verano, cuando, con cargo a las operaciones de crédito que por importe de 30 millones se concertaron con varias entidades financieras, se abonaron casi cuatro millones de euros a Busursa.

Pese al pago de esa cantidad, con la que se atendía parte de un débito que se viene arrastrando de ejercicios anteriores, la deuda con la empresa sigue estando por encima de los seis millones. Las empresas concesionarias de servicios (los principales son la basura, el agua y los autobuses) son los grandes acreedores del consistorio.

López lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, precisando que en la medida de las posibilidades del ayuntamiento se irá pagando deuda para garantizar el servicio y los salarios. Añadió que se está abierto a cualquier opción que plantee la empresa para mantener el servicio.