La estructura de la Diputación de Cáceres no se toca, ni se da por invalidado el reglamento orgánico. Tampoco se amortizan ni suprimen los puestos aprobados en la RTP, de modo que los cuatro directivos nombrados por el equipo de gobierno en las áreas de Economía y Hacienda, Gestión Presupuestaria, Servicios Estratégicos de Desarrollo Territorial, y Asesoramiento Financiero y Jurídico, seguirán en sus cargos. «Se ha hecho correctamente». Así lo afirmó ayer el socialista Fernando García Nicolás, portavoz de la institución, en su comparecencia para hablar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que acaba de anular el reglamento que regula el régimen jurídico del personal directivo de la diputación.

Dicho reglamento fue aprobado durante el pleno de diciembre de 2015. El PP, en la oposición, presentó un recurso contencioso-administrativo afirmando que era «a todas luces ilegal» y que se pretendía «legalizar los nombramientos a dedo». La sentencia se conoció el pasado martes: «Debemos anular y anulamos el mismo (el reglamento) en todo lo referente al personal directivo profesional», dice literalmente el fallo. El equipo de gobierno manifestó ayer su «respeto absoluto» al contenido, pero afirmó que no obliga a cambiar la estructura de la institución, «pese a la interpretación que ha realizado el PP, todo un despropósito, que dista mucho de la realidad», criticó.

La sentencia, según el portavoz, «en ningún momento pone en duda la capacidad de la diputación de decidir a través de ese reglamento qué puestos de personal directivo pueden ser ocupados por personal laboral». Agregó que la propia sentencia recoge el articulado que establece los criterios para el nombramiento del personal directivo, «con la salvedad de que si el reglamento orgánico lo permite, en atención a las características específicas de las funciones de estos órganos directivos, podrá nombrarse a alguien que no reúna esa condición de funcionario. Lo que viene a decir que efectivamente podemos realizar provisiones de personal laboral en determinados puestos directivos y la sentencia no lo pone en duda», subrayó.

los nombramientos / Por tanto, prosigue García Nicolás, «no es cierto lo manifestado por el PP sobre los puestos de directivos que estaban mal provisionados, y que éstos han suscrito informes con amplias repercusiones sobre los presupuestos y otros documentos públicos». El portavoz insistió en que a dichos puestos no les afecta «en absoluto» la sentencia, «ya que están ocupados legalmente y sus titulares son funcionarios de carrera del subgrupo A1 con reconocido prestigio». Agregó que «sólo uno de los cuatro puestos reservados a personal laboral ha sido ocupado con carácter definitivo, el resto están en comisión de servicios, por tanto el equipo de gobierno no tenía decidido colocar a nadie, se trata de una nueva falsedad del PP», denunció. «De hecho se ha mantenido en puestos directivos a personal laboral que viene de la anterior legislatura», puntualizó.

En cambio, el equipo de gobierno sí admite que puede haber incurrido en un defecto de forma, tal y como afirma la sentencia, al extralimitarse en sus funciones, ya que la diputación no tiene capacidad para establecer el régimen jurídico del personal directivo. “«Algo que sí se ha hecho en el reglamento orgánico --reconoció García Nicolás--, pero con una puntualización muy importante, y es que se ha realizado una traslación directa de la normativa estatal, por tanto la respeta íntegramente». «Es lo mismo que ocurre con el convenio colectivo de los trabajadores --matizó--, al trasladar lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores». Por ello, concluyó el portavoz, «lo único que interpreta el TSJEx es que nos hemos excedido en nuestra capacidad, si bien el reglamento guarda un respeto absoluto al principio de jerarquía normativa. Por tanto, la sentencia anula solo lo relativo a la regulación del régimen jurídico del personal directivo».

García Nicolás avanzó que ya están trabajando en el recurso de casación que estudian elevar al Tribunal Supremo (el plazo es de 30 días). Aunque no lo dio por seguro, sí dijo que «lo más probable es que lo presentemos».

Finalmente, el portavoz defendió la creación del reglamento orgánico «por su necesidad, ya que la Diputación carecía de este instrumento básico que permite una administración con una estructura moderna, más ágil, con un mejor servicio a todos los cacereños». En este sentido, lamentó que «el PP utilice los tribunales para entorpecer el funcionamiento de la institución, en su afán de poner palos en las ruedas e intentar ganar en los tribunales lo que perdió en las urnas».