La Diputación de Cáceres ha anunciado hoy su intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anula el reglamento orgánico en lo referente a los nombramientos de personal directivo profesional.
El Gobierno de Rosario Cordero ha indicado que "acata" el fallo del TSJEx, que "en ningún momento obliga a cambiar la estructura creada en la Diputación ni tampoco a las personas que ocupan los puestos creados en dicho organigrama y a los que hace referencia la sentencia", según ha aclarado en un comunicado.
"El Grupo Popular no ha conseguido su objetivo de atacar y hacer daño a determinadas personas, ya que lo que la sentencia determina son ciertos detalles que la Diputación tendrá que corregir al entender el Tribunal que ha habido un exceso en la regulación del reglamento por encima de lo que establecen las leyes", ha precisado.
La institución provincial han manifestado su "convicción" de haber actuado "correctamente" y "siempre dentro de la legalidad" en este caso.
Por todo ello, han instado al PP a que deje de poner "palos en las ruedas" a la gestión de la Diputación y "comience a trabajar por los pueblos de la provincia, ya que lo único que está haciendo es judicializar asuntos que en otras administraciones se realizan con normalidad".
Además, ha reprochado al Grupo Popular las "continuas mentiras" sobre la política de personal y le ha recordado el "periodo negro" de la Diputación de Cáceres en la legislatura 2011-2015, bajo la presidencia de Laureano León y con Emilio Borrega como diputado de Personal.
Al respecto, el Gobierno de Rosario Cordero ha recordado que el PP "decidió subir las retribuciones a su personal de confianza", como al coordinador técnico, que "es el actual subdelegado del Gobierno en la provincia, o las diferentes Jefaturas de Servicio".
Además, ha recalcado que la Relación de Puestos de Trabajo "fue una excusa para premiar a determinados empleados y bajar las retribuciones a la gran mayoría, y se "incumplieron acuerdos" con los sindicatos como la promoción interna o la carrera profesional.
Igualmente, los socialistas han recordado que "los empleados públicos tuvieron que acudir a los tribunales para reclamar el abono de la paga extraordinaria del año 2012, con el consiguiente coste de intereses judiciales a cargo a las arcas provinciales".
A su juicio, el clima laboral "estaba roto por la prepotencia y nepotismo con el que gobernaba el PP en la Diputación".
