Los hosteleros Juan López Corrales y Sergio Tercero Galea, propietarios de El Cuarto Los Cabales, local de la Charca Musia, anunciaron ayer que han solicitado "amparo legal a través del tribunal contencioso administrativo" para que sea la justicia la que determine si este establecimiento es legal, "valorando --dicen-- la situación de las demás empresas del polígono y la actuación del ayuntamiento frente a ellas".

Este establecimiento ha sido denunciado por el ayuntamiento ante el juzgado de guardia por desobediencia a la autoridad, después de que la policía local tratara de precintarlo el viernes ante la resolución municipal que lo considera ilegal y sus propietarios se negaran a ello.

En un escrito remitido ayer al alcalde José María Saponi, los propietarios solicitan que "habiendo iniciado el procedimiento" judicial "sea paralizada cualquier tipo de orden de cierre o precinto de la sede social hasta que el juez decida si efectivamente la asociación actúa al amparo de la legalidad o no".

Los representantes legales aseguraron que en la tramitación de este proceso observan "una caza de brujas" e insisten en que su local no es una discoteca sino una asociación cultural, gastronómica, flamenca y caballista, denominada El Cuarto y constituída en noviembre del 2003.

Tal como ha venido publicando este diario, el ayuntamiento considera que este local ha abierto sus puertas sin licencia de obras ni de actividad y que es imposible que Charca Musia albergue un local de este tipo porque el Plan de Urbanismo lo impide.

PAGO DE TASAS Sin embargo, los propietarios argumentan que la nave, alquilada y reformada con 14 millones de pesetas, se ha adaptado para realizar actividades de la asociación y que entiende que se trata de obras legales ya que se abonó en el consistorio "el impuesto de construcciones, instalaciones y obras".

Añaden que el ayuntamiento incurre en "agravio comparativo" al tener "trato de favor" hacia las empresas que desarrollan su actividad económica en el polígono o las que han hecho obras en naves o solares no permitidas urbanísticamente.

Piden "el precinto de todas aquellas empresas instaladas" en circunstancias urbanísticas semejantes al Cuarto, "sin perjuicio --subrayan-- de las medidas legales que la asociación pueda emprender contra el ayuntamiento por infringir principios constitucionales (artículo 14)". Además, solicitan el derribo de todas las construcciones ilegales "que actualmente y según el PGOU se han realizado".