Una enfermera llegó a falsificar 3.002 recetas de un derivado de la morfina al que era adicta y con las que estafó a la consejería de Sanidad 14.901 euros. Ella misma, sin embargo, confesó los hechos y se autoinculpó en los tribunales antes de ser descubierta.

Ahora la Audiencia Provincial de Cáceres la ha considerado responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro continuado de estafa, por lo que la condena a dos años de prisión y seis meses de multa (unos 2.200 euros) y la inhabilita para el ejercicio de la enfermería durante el tiempo de la condena, según una sentencia hecha pública ayer.

La procesada, cuya identidad responde a las iniciales M. F. L., de 44 años, empezó a falsificar las recetas en octubre del 2002 en Plasencia. Según el relato de los hechos probados que recoge el fallo judicial, la enfermera cogía las recetas sueltas de la consulta de un médico y las rellenaba con el nombre de éste y su sello facultativo, así como su firma como si fuera él quien las hubiera prescristo a dos supuestos pacientes. El medicamento que se adquiría con ellas era Buprex inyectable, un derivado de la morfina que ella consumía diariamente.

En marzo del 2005, continuó realizando el mismo sistema pero con el nombre de otra doctora. Sus falsificaciones no cesaron hasta diciembre del 2005, fecha en la que dejó de consumir la sustancia recetada.

Llegó a falsificar 3.002 recetas, lo que supuso un perjuicio a las arcas de la consejería de Sanidad de 14.901 euros, ya que con las recetas conseguía que se le facilitara el medicamento gratis en una farmacia placentina, siendo la administración la que tuvo que pagarlo.

CONFESION POR CARTA Antes de ser descubierta, la propia enfermera confesó los hechos en una carta que envió a la inspección farmacéutica el 31 de enero del 2006 e incluso compareció ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el mismo día para poner su actuación en conocimiento de los tribunales, lo que dio lugar al proceso judicial. Igualmente, la acusada consignó 6.000 euros a la consejería y posteriormente, el resto, hasta 14.901 euros, para pagar los medicamentos.

Todo eso se ha tenido en cuenta por el tribunal como circunstancias atenuantes en la causa, así como el hecho de haber actuado bajo los efectos de los estupefacientes, lo que, según la sentencia, afectaba a sus facultades sin llegar a anularlas.