«Es lo que pedíamos». En estos términos se expresa la madre de la presunta víctima de abuso sexual sobre la decisión de cambiar de colegio a dos de los menores que fueron detenidos por estos presuntos hechos a finales de agosto. Hay un tercer menor encausado, pero estudia en otro colegio. Los tres -fueron detenidos cuatro, pero uno es menor de 14 años y es inimputable- deben cumplir la medida cautelar ordenada por el juez que corresponde a una orden de alejamiento de cien metros de la presunta víctima.
La madre de la joven denunciante se muestra a este diario «satisfecha» por la decisión de la Junta de apartar a los menores e incide en que ella «solo» pide que se cumpla la orden del juez.
Tal y como publicó este diario hace unas semanas, víctima y presuntos abusadores coincidieron en las instalaciones del centro porque tenían que asistir a un examen de recuperación. A pesar de la insistencia de la madre, el centro no cambió ni la fecha ni el día de la prueba y fuentes cercanas a los hechos denunciaron que los cien metros de distancia impuestos por el juez no se estaban cumpliendo. En ese sentido, fuentes de la propia fiscalía ya advirtieron de que «era prácticamente inviable» cumplir la orden de alejamiento si los menores permanecían en el colegio. Así, el curso comenzó esta pasada semana y los dos jóvenes no iniciaron ya sus estudios en el mismo centro sino en otro de la capital cacereña.
El caso sigue en instrucción por parte de la Fiscalía de Menores. Los hechos que se denuncian ocurrieron a finales de agosto cuando la menor denunció a cuatro menores por presuntos abusos sexuales en un parque de Mejostilla. Según el relato de la madre de la víctima, la joven de 14 años se encontraba con una amiga en el parque de la barriada cacereña y cuatro menores abusaron de ella en una zona con colchones. Los progenitores de la menor presentaron denuncia a la Policía Nacional, que arrestó horas más tarde a los menores junto a un restaurante de comida rápida en una zona cercana. a la que ocurrieron presuntamente los hechos. Todos los implicados prestaron declaración al día siguiente y el juez decretó la libertad, pero con medidas provisionales. La familia de uno de los detenidos ha defendido su inocencia y pide que cese el linchamiento que sufren en redes y en sus círculos desde que trascendió la noticia. Las reacciones a los presuntos hechos se han sucedido en las últimas semanas. El colectivo vecinal de Mejostilla pidió más «seguridad» y la asamblea feminista coordinó acciones de protesta y la Junta pidió «prudencia» y dejar actuar a la fiscalía.
