Expertos del mundo de la judicatura consideran que es preciso "garantizar una intervención activa de la víctima en el proceso penal", una participación que le permita comprender las consecuencias jurídicas del delito que se ha cometido sobre ella y los derechos que le asisten como víctima. Abogan por ello para "eliminar o disminuir en la medida de lo posible la llamada victimización secundaria", o lo que es lo mismo, "el aumento innecesario del daño producido a la víctima como consecuencia del transcurso del tiempo y del propio desarrollo del proceso penal".
Es esta una de las principales conclusiones del Congreso internacional que sobre la protección de las víctimas se ha celebrado en la ciudad y que ayer, tras dos días y medio de ponencias en las que han participado casi medio centenar de profesionales, clausuró la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio.
Fue ella la que, a propuesta de los organizadores, expuso las conclusiones del encuentro, entre las que también se incluye la petición de que, sin menoscabo de los derechos y garantías reconocidos a los imputados y acusados, "que constituyen una de las conquistas jurídicas de los modernos sistemas procesales", se reconozcan los derechos de las víctimas y se estimule la activación de su papel en el proceso judicial "como instrumentos que contribuyen al aumento de la eficacia de la persecución penal".
