El portavoz de Izquierda Unida, Santiago Pavón, comentó ayer que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ha solicitado la documentación en relación al contenido del escrito que presentó hace una semana en la fiscalía del TSJEx, en el que se hace referencia a la compra en el 2000 de una casa de la calle San Roque por una mercantil (en la que Antonio Alfredo Barca, funcionario del ayuntamiento, aparece como administrador en la escritura de venta de la casa en el 2004), una vivienda que posteriormente se incluyó en el proyecto de ensanche de la calle Mira al Río, que se presentó en el 2002, y que se vendió en el 2004 a la cooperativa Pablo Iglesias. La casa se compró por 18.000 euros en el año 2000 y se vendió por 54.000 cuatro años después.
Barca, en un comunicado de su abogado hecho público la semana pasada, negaba que se hubiese usado información privilegiada y afirmaba que la operación de compra la llevó su socio.
Pavón dijo sentirse "presionado" para ejercer "como concejal y cargo público" y comentó que en una información que se publicó en abril del 2000 sobre el derribo del puente de San Francisco ya se cita a Barca, que aparecía entonces como jefe del servicio de Infraestructura.
