Graves incidentes han marcado el fin de la que durante 30 años ha sido la tercera industria más importante de Cáceres, la fábrica de cerámicas Waechtersbach. Su cierre se hizo ayer efectivo entre importantes medidas de seguridad y una fuerte presencia policial que no evitó que el dueño de la empresa, Alejandro Rodríguez Carmona, resultara agredido por algunos trabajadores y tuviera que salir, literalmente a la carrera, de las instalaciones de la fábrica.
El auto del juez titular del Juzgado de lo Mercantil decretando el cierre de Waechtersbach fijaba para el viernes 18 de noviembre, al término de la jornada laboral --las cuatro de la tarde--, el cierre del establecimiento y cese de la actividad. Por este hecho, el propietario de la empresa y los administraciones judiciales --los dos economistas y un abogado designados por el juzgado para gestionar la situación de insolvencia de Waechtersbach-- se personaron a media mañana en la fábrica al objeto de entregar a cada uno de los trabajadores la comunicación al respecto. Junto a ella también se les haría entrega de las nóminas de octubre.
Ya a su llegada a la fábrica se palpaba un ambiente crispado --fueron recibidos entre insultos y pitidos--, pero nada hacía presagiar lo que horas después ocurriría. Los empleados esperaban mientras se firmaban los escritos que iban a recibir. En éstos se les comunicaba el auto del juez por el que se decreta el cese de actividad y se les informaba de que como ya no habrá más actividad tendrán permiso retribuido hasta que se produzca la extinción de contratos, "periodo durante el cual no tienen obligación de ir a trabajar, pese a seguir percibiendo sus salarios y mantener relación con la empresa".
El problema surgió en el momento de hacer entrega de dichas comunicaciones. La intención del empresario era entregarlas en su despacho uno a uno a los trabajadores, pero éstos exigían que lo hiciera uno a uno, pero en una asamblea.
Ante las constantes amenazas y abucheos, y visto el estado de crispación en que algunos trabajadores se encontraban, se negó a hacerlo y dio aviso de la situación a las fuerzas de seguridad.
Hasta cuatro dotaciones de la Policía Nacional, a las que se unieron posteriormente el jefe de la Policía Local junto a tres dotaciones de ésta, ocuparon la fábrica sobre las 15.30 horas.
Tras casi una hora de discusión, y gracias a la intervención de la policía y los administradores judiciales, el empresario se ofreció a reunirse con los trabajadores en asamblea, pero con la condición de que fueran posteriormente los propios administradores los que hicieran entrega de los escritos y nóminas al comité de empresa y éstos, a su vez, a sus compañeros.
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