El caso del homicidio de Rafael Peñafiel Martínez, el indigente valenciano que murió apaleado por otro vagabundo el 24 de junio del año pasado en las instalaciones abandonadas de Campsa, junto a la gasolinera Pasarón, se juzgará con un jurado el próximo 22 de septiembre, según confirmó ayer la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres. El homicidio es uno de los delitos incluidos en las competencias de la Ley del Jurado.
El imputado, un ciudadano portugués de 28 años, está en prisión preventiva desde junio del año pasado. Cuando fue detenido en plena calle presentaba síntomas de gran intoxicación etílica. La víctima, otro indigente de 59 años con el que convivía hacía casi dos años en la nave donde presuntamente le mató, fue enterrado el pasado 28 de junio, sin que la policía ni el juzgado lograran contactar con ningún allegado. Ambos eran alcohólicos, se movían en el círculo del colectivo marginal del paseo de Cánovas y acumulaban años de desarraigo social. La víctima había llegado hacía menos de dos años a la capital cacereña después de pasar por pensiones y albergues de transeúntes de Málaga y Madrid. Tenía antecedentes antiguos por pequeños hurtos y faltas menores cometidos en la década de los años 70, de hecho su última detención data de 1994. Nunca llegó a pisar la cárcel. La policía le consideraba poco conflictivo a pesar de su inadaptación social.
Desde su llegada a Cáceres, Rafael Peñafiel Martínez compartía un viejo barracón de las instalaciones de Campsa con su agresor, un portugués de 28 años que está en prisión por matarle a palos tras una discusión por la falta de limpieza de la nave, según él mismo reconoció. Ambos eran adictos al alcohol que consumían en tetrabrik. El consistorio tuvo que pagar casi 2.000 euros por el servicio funerario, que incluye el alquiler del nicho durante cinco años, al no reclamar ningún familiar el cuerpo.
