Las cámaras inmortalizaron ayer un hecho histórico en el hemiciclo de Valdefuentes y su sesión plenaria pudo ser grabada íntegramente. Hasta ahora, la negativa del alcalde, Álvaro Arias, lo había impedido (asegura él que porque algunos de sus concejales viernon amenazado su derecho a la intimidad). Pero nada más lejos de la realidad, al menos según una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Cáceres que da la razón al PSOE de la localidad cacereña al estimar que «por parte del alcalde y la Junta de Gobierno local se ha vulnerado un derecho fundamental a la información pública», dice el fallo.

A las dos menos cuarto de ayer los concejales (seis del PP y tres del PSOE) iniciaron la sesión extraordinaria en la que se aprobó la cuenta general de 2015 con el voto favorable de los populares y el ‘no’ de los socialistas. Se desarrolló sin incidentes, en presencia de un agente policial y con un vecino, móvil en mano, grabando cada minuto del pleno.

El origen de la polémica hay que buscarlo en el mes de diciembre de 2015 cuando el alcalde impidió que un ciudadano, Ambrosio Muriel Guillén, grabara la sesión plenaria en la que se debatía la liberación del mandatario municipal. Álvaro Arias se amparó entonces en la protección a la intimidad y seguridad de la Policía Local que se encontraba presente en el Salón de Plenos esa tarde y en la negativa de varios concejales de su grupo (el Partido Popular) a que fueran grabados. Guillén acudió a la Guardia Civil y se abrió un proceso judicial por vía penal que finalmente se archivó. Pero el PSOE sentía que se estaba incumpliendo un derecho democrático, acudió a la vía administrativa y ha ganado la batalla. También recurrió a la Agencia Estatal de Protección de Datos, que igualmente le ha dado la razón.

El portavoz socialista, Ceciliano Franco, mostraba su satifacción ayer a la salida del pleno. «Es una pelea del grupo municipal desde la pasada legislatura. No nos quedó más remedio que acudir a los tribunales y nos han dado la razón garantizando con la sentencia la capacidad de participación que debe tener el pueblo en la vida pública», apuntó Franco, que lamentó que cada vez que solicitan una información «nos ponen un policía local al lado y no podemos hacer ni fotocopias de los documentos».

Álvaro Arias explicó que si no se ha permitido grabar los plenos ha sido porque «alguna vez se ha hecho con un poquito de soberbia alterando el orden público». Apuntó que no ha recibido la sentencia, pero que él mismo solicitó un informe a la Agencia de Protección de Datos («porque no sabíamos qué derechos nos asistían», aseguró) y que al ser favorable optó por permitir las grabaciones. Ahora no solo esa agencia, también un juez, avala que la filmación es un derecho que los ciudadanos podrán ejercer con libertad en Valdefuentes.