Heras vio ayer refrendado en los tribunales la defensa que ha mantenido respecto de la legalidad de las obras de la plaza Mayor desde que se iniciara los trabajos de remodelación. "No hay ningún indicio de delito, sino todo lo contrario. No estamos haciendo nada dañino". Con esas palabras resumía la alcaldesa el contenido del auto redactado por el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad, encargado de instruir el proceso judicial derivado de las denuncias que presentaron antes del verano el portavoz del grupo municipal IU y el colectivo ciudadano Desplaza2. En ambos casos cuestionaban la presunta vulneración de la ley en esta actuación y solicitaban la paralización de las obras, un extremo que el juez ya desestimó en septiembre.

"Se ha sobreseído las actuaciones que se pedían y no se ha admitido la suspensión de las obras", precisó Heras sobre el contenido del informe judicial, que tiene fecha de 21 de octubre.

La alcaldesa ha leído extractos del acuerdo judicial en el que refrendan las actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento y el Consorcio Cáceres 2016 en la tramitación de la actuación en la plaza Mayor. "Se ha seguido el procedimiento administrativo y se han cumplido con los requisitos básicos para la remodelación de la plaza Mayor, consistente en que el bien afectado está declarado bien de interés"..., "y se ha obtenido la autorización para las actuaciones arqueológicas", leyó Heras, sobre las dos supuestas irregularidades puestas de manifiesto por los denunciantes e investigadas por el juzgado: "delito sobre el patrimonio" y "prevaricación administrativa".

NO AFECTA A LA ESTRUCTURA Respecto al presunto delito sobre el patrimonio, la explicación que se recoge en la resolución judicial es que "no es aplicable" ya que "las obras no afectan a los edificios". Añade que "según los informes aportados estamos hablando de una remodelación que no afecta a la estructura básica de la plaza Mayor, sino que es una modificación estética y de consenso", leyó Heras. "Otra cosa es que guste o no guste", añadió.

En cuanto al presunto delito de prevaricación administrativa que advertían los denunciantes por el hecho de que no se hubiera solicitado licencia para el inicio de las obras, el auto refiere que "no concurre". "La discusión de si existe licencia o no es meramente administrativa, porque la licencia es sustituida por una discusión motivada de la comisión ejecutiva del Consorcio y no existe infracción del ordenamiento jurídico", leyó la alcaldesa, que añadió que además del acuerdo de la comisión ejecutiva del 2016 aprobando las obras "hay una resolución de la Consejería de Cultura que dice que se cumplen todos los requisitos legales en este aspecto, y una resolución de la dirección general de la Junta aprobando el seguimiento arqueológico de las obras", reiteró.

Fuentes judiciales precisaron que el auto está en la Fiscalía, que aún puede pronunciarse. En todo caso el Ministerio Fiscal ya eludió iniciar actuaciones antes de remitir las denuncias al juzgado.

La alcaldesa valoró "muy positivamente", la resolución judicial, que entiende que es "exhaustiva", y advirtió que en ella se explica "muy claramente" las decisiones que se han tomado desde el ayuntamiento y "el por qué", señaló. "Lo que pretendemos es poner más en valor el conjunto histórico", señaló la alcaldesa sobre el espíritu con el que se ejecuta esta remodelación, para cuya finalización volvió a defender ayer la fecha de marzo del 2011.

"Es la que figura en el planteamiento elaborado por la empresa", señaló Heras, que reiteró que van "un poco lentas".