La Junta solicitará al ayuntamiento suelo para poder construir 1.500 viviendas protegidas para jóvenes y familias con un coste menor de 60.000 euros (9,9 millones de pesetas). La iniciativa se enmarca en el plan regional de vivienda 2004-2007 y prevé el compromiso del Gobierno regional de aportar suelo y la urbanización.
En este sentido, Rafael Pacheco, secretario general de la Consejería de Fomento, indicó que en las próximas semanas iniciarán contactos con los promotores privados para buscar su colaboración en el proyecto. "Este programa no se podrá llevar a cabo si no hay una colaboración entre los ayuntamientos y la Junta, contando con el apoyo de los promotores con suelo disponible".
Asimismo, destacó la política "progresista" de la Junta en materia de vivienda y criticó al PP por hacer una "conservadora, basada en la especulación y en utilizar la vivienda como una mercancía en lugar de como un derecho".
La cifra de viviendas protegidas en Extremadura alcanza el 40% del total de las construidas, mientras en el resto del territorio es de sólo un 8%. La razón, explicó, se debe a que el Gobierno no impulsa una "verdadera" política de suelo que garantice a los promotores privados y otras administraciones públicas poner en el mercado viviendas protegidas.
Como prueba de ello, indicó que Extremadura es la comunidad autónoma con el precio más barato de España en términos absolutos. En este sentido, manifestó que "gracias a la Junta, hemos conseguido hacer más viviendas de protección oficial y que los ciudadanos con menos ingresos económicos hayan tenido la posibilidad de acceder a una vivienda digna".
El responsable añadió que las familias extremeñas destinan una media del 28% de sus salarios a la vivienda, mientras la nacional se encuentra en torno a un 50% de los ingresos familiares.
DERECHO CONSTITUCIONAL
Por su parte, Carmen Heras, secretaria local del PSOE en Cáceres, explicó que la iniciativa se enmarca dentro de la campaña Ofensiva ciudadana con la que están recorriendo los principales municipios de la provincia para abordar, además de la vivienda, la precariedad laboral y la inseguridad ciudadana. "Son tres asuntos en los que el Gobierno no lo está haciendo bien. En la vivienda cada vez va a peor, sobre todo, en ciertos sectores de renta", dijo.
En este sentido, añadió que la vivienda no es "una mercancía sino un derecho constitucional" y criticó que, con el PP, los precios hayan subido de "una manera escandalosa y se haya creado una gran especulación".
