Setenta y seis viviendas de titularidad pública de la Junta de Extremadura que estaban ocupadas de forma ilegal, ya se encuentran habitadas por familias necesitadas que cumplen con todos los requisitos. Es el número total de inmuebles de promoción pública que se han recuperado en la capital cacereña desde el inicio, en febrero de 2016, del llamado Protocolo de Desahucio y Lanzamiento en Materia de Vivienda de Promoción Pública de la Junta de Extremadura, un instrumento singular que aúna el trabajo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales con varias plataformas ciudadanas (Afectados por la Hipoteca, asociaciones de barrios deprimidos...) para regularizar la situación de estas viviendas sociales.

El protocolo detecta por un lado los inmuebles ocupados ilegalmente, estudia la situación de las familias y les ayuda a acceder adecuadamente a una vivienda social o bien inicia el desahucio según sus circunstancias, todo ello para dar un uso correcto al parque de vivienda pública, a fin de que sea habitado por personas realmente necesitadas, reduciendo al mismo tiempo ciertas situaciones conflictivas en las barriadas. La mesa de seguimiento y control de este protocolo hizo ayer balance del trabajo realizado hasta el momento: 347 inmuebles recuperados en toda Extremadura, de ellos 110 en los últimos cuatro meses.

«Estas viviendas presentaban diferentes circunstancias: se encontraban ocupadas ilegalmente, o no estaban habitadas, o sus inquilinos tenían otras viviendas en propiedad, o las destinaban a otros fines que no eran los ocupacionales, incluso a actividades delictivas, principalmente al tráfico de drogas o al cultivo y elaboración de sustancias prohibidas», explicó ayer la responsable del Servicio de Adjudicación de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Nuria Sánchez Villa, coordinadora de la mesa del protocolo.

En Cáceres, la gran mayoría de los 76 pisos recuperados se encuentran en Aldea Moret, un barrio que concentra 900 de las 1.800 viviendas sociales propiedad de la Junta en esta ciudad. Solo en los últimos cuatro meses se han rescatado 25 pisos en la capital cacereña. En 8 casos se han tenido que desalojar con un auto judicial (24 en toda Extremadura), mientras que en 17 casos se ha hecho de manera negociada (86 en la región), «aplicando las estrategias que hemos acordado basadas en el principio de justicia social, a fin de dar una respuesta a las familias y que la última solución fuera desahuciarlas», detalló Nuria Sánchez.

De hecho, en este balance de viviendas recuperadas no se incluyen otros 200 casos en toda Extremadura --unos 30 en la ciudad de Cáceres--, de familias que al final no han sido desalojadas pese a ocupar un inmueble ilegalmente, ya que responden a un perfil de personas que necesitan ese techo, que cumplen las condiciones para acceder a una vivienda social y que además tiene un comportamiento vecinal normalizado.

La mesa del protocolo también quiso agradecer la colaboración de la Delegación del Gobierno y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyo acompañamiento ha permitido recuperar 77 viviendas en Extremadura. En Cáceres, el desarrollo de 6 operativos policiales ha hecho posible rescatar 30 inmuebles. Por cierto que las mayores ocupaciones ilegales se dan en Plasencia, con casi 70.

TAPIADO Y VACÍO / Todos estos pisos están ya adjudicados a familias de forma regularizada, a excepción del bloque 2 de la calle Ródano, «donde vamos a realizar una intervención integral. Se ha tapiado entero y hemos trasladado a todos los vecinos a otros inmuebles porque se reformarán los 24 pisos así como todas las zonas comunes», anunció Nuria Sánchez. Desde la consejería explicaron ayer que se han pedido ofertas a cuatro empresas para el estudio de patologías del edificio. En este momento se encuentran en período de valoración. Una vez se apruebe la más conveniente, se redactará el proyecto y se iniciará la licitación de la obra.

En la Junta destacan el trabajo de la mesa del protocolo, que ha recuperado tres de cada cuatro viviendas sin llegar al juzgado, «fruto del esfuerzo de las plataformas que la integran, y que luchan por la normalización de las familias», indicó Nuria Sánchez. Sobre todo quiso dejar claro que estas plataformas «no realizan los desahucios, ya que competen a la Junta, más bien evitan que se hagan más porque trasladan esa parte humana que muchas veces se pierde en el expediente», destacó.

En concreto, las plataformas que integran la mesa son Adicae, Afectados por la Hipoteca (Mérida, Badajoz y Olivenza), Nueva Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cáceres, Mujeres Sembrando, Asociación de los Barrios Deprimidos de Badajoz, Asociación Gurugú y Asociación de Recuperación de los Colorines y Suerte de Saavedra. Desde esta última, Antonio Chacón insistió en que dichos colectivos «no están aquí para desahuciar, solo para exigir que se cumpla la legalidad», de modo que las personas que deban ser desalojadas, «que se haga con todo el rigor y transparencia», y «las que necesiten verdaderamente la vivienda, la tengan», siempre con el objetivo de «recobrar la convivencia» en los barrios.

Por su parte, El Grupo Municipal de Podemos Recuperar Badajoz afirmó ayer que «la Junta se ha convertido en el mayor desahuciador de viviendas de la comunidad» y tachó de «ineficiente» e «incoherente» el protocolo, alegando que muchas familias no pueden pagar el alquiler social.