El pleno del ayuntamiento aprobó ayer la imposición de una sanción de 113.000 euros a Canal de Isabel II por incumplimientos del contrato del ciclo integral del agua (abastecimiento y depuración). Es la más elevada a una empresa que gestiona un servicio del ayuntamiento de las últimas que se han aplicado. La anterior fue a Talher por importe de 2.678 euros y supera la propuesta para Sice, que ronda los 60.000 euros, aunque en este caso el procedimiento aún no ha finalizado.

Pero para decidir el importe de la multa a Canal de Isabel II se han cogido los valores mínimos previstos para cada tipo de infracción, salvo en el caso del incumplimiento en materia de personal, en el que se ha ido al máximo. El que se haya acudido a las cantidades más bajas motivó que el acuerdo del pleno solo se aprobase con los votos de los concejales del gobierno local (PP) y que el PSOE se abstuviese y CACeresTú (Podemos) votase en contra. Ciudadanos se abstuvo, aunque en este caso la razón son “las lagunas” que tiene el pliego del concurso en materia de sanciones, según precisó su portavoz, Cayetano Polo. El pliego es la norma que regula las relaciones con Canal en el contrato del agua.

La multa a Canal se apoya en los incumplimientos en diez materias, aunque en una de ellas se fijan hasta tres motivos de sanción. Serían doce causas, de las que nueve se califican como graves y tres como leves. El pliego establece que las primeras serán sancionadas con una multa de entre 6.001 y 36.000 euros, mientras que en las segundas es de 3.000 a 6.000 euros. De las nueve infracciones graves, ocho se multan con 6.001 euros (en cinco de ellas se llega a los 10.000 ya que se computa todo el periodo del incumplimiento, que es de un año y ocho meses, el año se sanciona con 6.001 euros y los ocho meses con una cantidad proporcional, 3.999). Solo en una infracción grave, la de personal, se pone el máximo que prevé el pliego (36.000 euros). En las tres infracciones leves, la multa se queda en el mínimo posible (3.000 euros).

INTERVENCIONES / «No podemos dar nuestro voto a una sanción mínima», explicó ayer la portavoz de CACeresTú, Consuelo López, ya que significaría “votar sí a un sistema que permite la corrupción y la prevaricación”. Añadió que se impone una sanción de 113.000 euros cuando la empresa “se ha estado ahorrando más de un millón incumpliendo; si no es corrupción, es mala gestión del dinero público”, concluyó. “Se podían haber cogido las cantidades máximas -tipificadas para cada infracción- y no las mínimas”, añadió su compañero en Podemos, Ildefonso Calvo.

“Lamentamos lo bajas que han sido las sanciones, son insuficientes y escasas en un proceso que ha sido opaco”, manifestó el portavoz del grupo socialista, Luis Salaya, que recordó que «se ha llegado hasta aquí --al expediente sancionador-- a instancias del PSOE» tras su denuncia de que la empresa no cumplía con la plantilla ofertada. Añadió que con las cantidades impuestas en la sanción se da el mensaje de que “sale barato engañar al ayuntamiento”.

El concejal delegado de Contratación, Valentín Pacheco, recordó que la cantidad de la sanción sale de la propuesta realizada por los servicios técnicos del ayuntamiento y que lo que se ha hecho es «ejercer la potestad sancionadora prudentemente» y en base a la propuesta técnica. Precisó que se ha sancionado de acuerdo con la norma, que en este caso es el pliego, y «que no vale decir que cuesta menos incumplir porque una reiteración de los incumplimientos daría lugar a la resolución del contrato».