Manipular los dispositivos de emergencia del autobús urbano o causar daños en los vehículos, marquesinas y mobiliario puede acarrear sanciones de hasta 600 euros, según se establece en el reglamento del transporte urbano, que la comisión municipal de Contratación dictaminó ayer inicialmente. El reglamento municipal también recoge los derechos y los deberes que tienen los usuarios y tipifica las facultades del personal que presta el servicio. La nueva normativa da autoridad a los conductores, que podrán obligar a bajar del vehículo a los usuarios que desobedezcan sus instrucciones y a los que por sus palabras o gestos alteren el orden.
La línea del ferial es la más conflictiva, un trayecto en el que en más de una ocasión se ha tenido que suspender el servicio a causa de los incidentes producidos. El reglamento regula la sanción a aplicar y reconoce las funciones y deberes del conductor.
En el apartado de infracciones y sanciones, el reglamento diferencia entre leves y graves. Las segundas son de tres tipos: actos que impliquen peligro para los viajeros y empleados del servicio, la manipulación de los frenos y mecanismos de emergencia que hay dentro del autobús y los daños en vehículo, marquesinas y el mobiliario del servicio.
El reglamento también regula los horarios, el tipo de tarifa, el uso de las tarjetas monedero, las categorías de las paradas o el acceso al vehículo de las personas que tienen movilidad reducida.
Entre las atribuciones del personal se recoge que deberá evitar toda clase de discusiones y se tipifica que los viajeros tendrán a su disposición una hoja de reclamaciones; también se precisa que además del reglamento, el servicio estará regulado por el articulado del pliego con las condiciones de la concesión del servicio, que es de competencia municipal, pero que presta la empresa Autobuses Urbanos del Sur, que es del grupo Marsans, cuyo copropietario es Gerardo Díaz, presidente de la CEOE.
El concejal Miguel López, que preside la comisión de Contratación, recordó que el nuevo reglamento se aprueba para cubrir el "vacío jurídico" que se daba en la oferta del servicio y para que se cuente con un marco normativo para prestar el mismo, ya que actualmente las quejas y reclamaciones "se tienen que dejar a la interpretación del técnico", precisó. En otros asuntos, López comentó que en la comisión local se informó de que el 70% de las obras incluidas en el fondo estatal de inversión local están adjudicadas y que en mayo se espera cerrar el proceso de contratación de los 71 proyectos.
