La comisión de expropiaciones del ayuntamiento se reúne esta mañana para volver a abordar el expediente de permuta por el que el ayuntamiento cambió parcelas destinadas a uso residencial en el Rodeo, Perú y enfrente de la estación de autobuses por dos fincas que forman parte de la futura ampliación del parque del Príncipe y que eran propiedad de la mercantil Promociones, Obras y Estudios Inmobiliarios (Promeimsa). El coste de esta permuta se cuantificó en el año 2001, cuando se aprobó, en 14,9 millones de euros a raíz del valor monetario que se dio a la edificabilidad de los terrenos permutados.
Este asunto regresa a este órgano formado por concejales de todos los grupos políticos tras la advertencia hecha en su anterior reunión por el secretario general del ayuntamiento, que concluyó que el expediente es nulo «por no haberse recabado ni obtenido los informes preceptivos», entre otros faltó el del anterior secretario general del ayuntamiento, Manuel Aunión, que se jubiló en diciembre de 2015 y que hoy participará en la comisión tras aceptar la convocatoria hecha por este órgano, que quiere tener más datos sobre el expediente y el motivo de que no se recabasen en su momento esos informes.
Las posibilidades de que el expediente se revise de oficio para su anulación son ninguna. Lo apuntó el secretario general del ayuntamiento, Juan Miguel González, que consideró que no es viable no solo por el tiempo transcurrido sino también por el perjuicio que se causaría a terceros, como los propietarios de las viviendas que se construyeron en los terrenos permutados en el Rodeo y en el Perú. No obstante, habrá que esperar a las conclusiones de la comisión para ver qué decisiones se derivan de sus reuniones.
Pero que este expediente vuelva a abordarse en la comisión pone el foco en una operación que ha acabado teniendo para la ciudad un coste de 32 millones por el aprovechamiento que dio al suelo de la ampliación del parque del Príncipe el laudo que arbitró las diferencias entre el ayuntamiento y Promeimsa.
La advertencia que hace un mes formuló el secretario general del ayuntamiento no entra en el laudo, que es el elemento más importante del expediente por el valor que dio al suelo de Promeimsa y la repercusión que tuvo en las tres expropiaciones que el ayuntamiento debió afrontar después de terrenos colindantes también destinados a la futura ampliación del parque.
Promeimsa propuso en 1999 la permuta de las dos fincas de 4,4 hectáreas por 55.000 metros cuadrados edificables del ayuntamiento en parcelas del Rodeo y del Perú. Los técnicos de los servicios de Urbanismo y Planeamiento del ayuntamiento concluyeron que la permuta no era posible porque a las 4,4 hectáreas le correspondía una edificabilidad de 29.757 metros cuadrados, como mucho de 30.981 si se aplicaba el aprovechamiento urbanístico asignado entonces al Rodeo.
Para determinar la edificabilidad de 29.757 metros cuadrados, los técnicos del ayuntamiento aplicaron la ley de régimen del suelo y valoraciones entonces en vigor, cogieron la media ponderada de los aprovechamientos referidos al uso predominante, que era el residencial, del polígono ficial donde a efectos catastrales estaban incluidos los terrenos de las dos fincas de Promeimsa.
la PROPUESTA DE LAUDO / La empresa se opuso. Argumentó que en el polígono fiscal había suelo de distinta clasificación (urbano, urbanizable programado y no urbanizable) y calificación (residencial, sistemas generales..), además de incluirse en el mismo gran parte de la ciudad con zonas dispares. La empresa propuso aplicar la media ponderada de los aprovechamientos de zonas residenciales colindantes (El Beatriz y Las Acacias), concluyendo que la edificabilidad que correspondía a sus terrenos era de 103.438 metros cuadrados. El servicio de Urbanismo se opuso a la pretensión de Promeimsa.
En enero de 2000, el entonces alcalde, José María Saponi, propuso al pleno de la corporación local solicitar el arbitraje de la Gerencia de Urbanismo de Madrid dirigida por Antonio Armengot. Aunión comentó el pasado jueves, a preguntas de este diario, que la propuesta de acudir a la gerencia de Madrid no fue suya, aunque lo que sí hizo fue aconsejar que se acudiese a este equipo.
El laudo de la gerencia concluyó que el polígono fiscal utilizado por los técnicos del ayuntamiento no valía por no haber coherencia urbanística al incluir distintas calificaciones de suelo y tipologías de construcciones.
Tampoco aceptó la propuesta de Promeimsa al ser contraria a las finalidades de la normativa de valoración. Lo que hizo la gerencia de Madrid para determinar el valor urbanístico de las dos fincas de Promeimsa fue aplicar la media ponderada del aprovechamiento urbanístico de los suelos urbanos de la ciudad, tomando como referencia las áreas de uso residencial con tipología de construcción de manzana cerrada y edificación abierta y excluyendo las zonas industriales y las residenciales con unifamiliares y viviendas colectivas con excesiva intensidad de uso. El resultado del laudo fue que a cada metro cuadrado de las dos fincas de Promeimsa le correspondió 1,317 metros cuadrados edificables (un total de 57.967 metros cuadrados, el doble de lo calculado por los técnicos del ayuntamiento).
Ese aprovechamiento de 1,317 metros cuadrados edificables por cada metro de superficie se utilizó para fijar en sentencias judiciales el justiprecio de los terrenos expropiados por el ayuntamiento en tres procesos que se efectuaron en la misma zona con posterioridad a la aprobación de la permuta con Promeimsa. El jefe del servicio de Urbanismo del ayuntamiento puso reparos a las conclusiones del arbitraje y en el pleno de julio de 2001 en el que se abordó la permuta los grupos municipales del PP e IU votaron a favor, mientras que el PSOE lo hizo en contra.
